RENUNCIA DE GONZALES.

Un adiós con pena y sin gloria

Finalmente, la presión se volvió insoportable y Alberto Gonzales se vio obligado a renunciar a su cargo como Secretario de Justicia de Estados Unidos.

Al clamor de los demócratas en el Congreso que durante meses exigieron su renuncia se unió el reconocimiento de la Casa Blanca, y el de los propios senadores y representantes republicanos de que en vísperas de la elección de noviembre la continuada presencia de Gonzales en el Departamento de Justicia era ya insostenible.

Para la comunidad latina el fiasco de Gonzales, el funcionario latino de mayor jerarquía en un gobierno estadounidense, ha sido un duro golpe. No por la renuncia, que a estas alturas más bien representa un alivio, sino por el espectáculo de ineptitud y deshonestidad que caracterizaron su corta gestión como procurador de justicia.

Cumpliendo con el viejo refrán que dice que el peor error que un político puede cometer es decir la verdad, el presidente George W. Bush lamentó en público la decisión de su viejo amigo. Ni es la primera vez que el presidente miente ni, desafortunadamente, será la última.

Razones para exigir su renuncia sobran. Este es el abogado de la nación a quien la tortura le parecía justificable en ciertas circunstancias y no le afligía que el gobierno interviniera de manera subrepticia los teléfonos de los ciudadanos. También fue Gonzales quien como abogado del presidente le aconsejó no acatar las Convenciones de Ginebra en el trato a prisioneros de guerra. Y quien durante sus audiencias en el Senado observó una conducta absolutamente vergonzosa quien más de 100 veces aseguró no recordar lo sucedido. Peor aún, aparte de desmemoriado, Gonzales se proyectó como un funcionario carente del conocimiento y del liderazgo imprescindible para ocupar el puesto.

No cabe duda que la renuncia de Gonzales, así como la de otras figuras clave del gabinete de Bush como Karl Rove o el secretario de la defensa Donald Rumsfeld delatan la descomposición de la administración. Lo que no es necesariamente cierto es que todas ellas obedezcan a las mismas razones.

En el caso del asesor presidencial Karl Rove, por más controvertida que haya sido su actuación, y lo fue sin duda en el caso de los ocho fiscales despedidos por Gonzales, salvo uno que otro demócrata acelerado, la clase política no exigía su renuncia. En la renuncia de Rumsfeld, a semejanza del caso de Gonzales, sí hubo una exigencia explícita de ambos partidos para que renunciara.

Gonzales se había convertido ya en un impedimento para que la administración negociara con los demócratas cualquier tipo de medidas de inteligencia en la guerra contra el terrorismo pues ya el secretario de justicia había sido declarado persona non grata en el Congreso.

Es de esperar que los demócratas continúen con sus investigaciones sobre las maniobras que la administración pudo hacer contando con la complicidad de un Congreso Republicano y que éstas causen más de una fricción entre ambos poderes. Pero la Casa Blanca sabe bien que la agenda de trabajo entre el ejecutivo y el legislativo no puede ser suspendida el tiempo que le queda a esta administración.

De aquí la importancia de que el sucesor de Gonzales no sólo sea una figura pública con sobradas credenciales para ocupar el puesto sino que tenga credibilidad en el Congreso.