LIBERTAD DE INFORMACIÓN.

¿Casa Blanca juega a dónde quedó la ‘bolita’?

La obsesión de la Casa Blanca con los secretos dio otro giro absurdo esta semana. La Administración está alegando que la Oficina de Administración de la Casa Blanca no está cubierta por la Ley de Libertad de Información, aun cuando existen algunas firmes razones para pensar que sí lo está. Como el hecho de que la oficina tiene a su propio oficial de dicha ley, conocida como FOIA. Además, respondió a 65 peticiones relacionadas con la FOIA el año pasado. De manera similar, el propio sitio de la Casa Blanca en internet, hasta este jueves, insistía en que la oficina estaba cubierta por FOIA.

El alegato de la Casa Blanca con respecto a la Oficina de Administración, carente de lógica, sigue muy de cerca al risible argumento del vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, en cuanto a que él era inmune a una ley de gobierno abierto o transparencia debido a que su cargo no dependía del Ejecutivo.

La lucha a causa del estatus de la Oficina de Administración forma parte de una batalla mayor por el acceso a lo que se estima en cinco millones de mensajes de correo electrónico que, misteriosamente, desaparecieron de computadoras de la Casa Blanca. Los mensajes faltantes son importante evidencia en el escándalo en torno al despido de nueve procuradores estadounidenses, al parecer debido a que se negaron a usar sus puestos para ayudar a republicanos a que ganaran elecciones. Todo parece indicar que la Oficina de Administración sabe mucho con respecto a cuándo y cómo desaparecieron esos mensajes, pero no quiere compartirlo con la opinión popular.

¿Qué es exactamente lo que busca ocultar la Administración? Ciertamente actúa como si los mensajes de correo electrónico confirmaran sospechas de que la Casa Blanca coordinó los despidos de fiscales y que pudiera haber violado leyes. Resulta difícil creer la insistencia de la Administración en cuanto a que no hay nada en torno al escándalo de los fiscales, cuando se esfuerza tanto por evitar que los hechos al respecto se den a conocer.

A final de cuentas, la negativa de la presente Administración a cumplir con leyes de transparencia gubernamental reviste mayor importancia que cualquier escándalo por sí solo. La Ley de Libertad de Información y otras leyes sobre el derecho, a saber fueron aprobadas debido a que la transparencia gubernamental es vital para una democracia. El pueblo estadounidense no puede vigilar a sus funcionarios electos, ni garantizar que ellos actúen en el interés público, si el gobierno tiene autorización para operar bajo un manto de secretos y confidencialidad.

Para buena fortuna, la Casa Blanca no tiene la palabra final con respecto a la Oficina de Administración. Expuso sus absurdos argumentos ante un juez federal que puede restablecer cierta lógica a la situación, si dictamina que sí se aplica la Ley de Libertad de Información y los datos deben ser entregados.