CASO CORNEJO.

Persiste diferencia entre el MP y el Órgano Judicial

LA PRENSA/Archivo

Ana Matilde Gómez903204

La procuradora, Ana Matilde Gómez, dijo ayer que son los magistrados de la Sala Penal de la Corte, y no ella, quienes tienen que decidir respecto de la separación o no del cargo de la fiscal segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, investigada por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad tras ser querellada por la presidenta de la propia Corte, Graciela Dixon.

Gómez fue precisa en su planteamiento: "hice un análisis de las normas, y respecto a la solicitud que se me hace, debo decir que yo no soy autoridad judicial y en este caso la separación es consecuencia de una detención que desde mi punto de vista no procede. Así lo he explicado en el documento [que envió a la Corte] y entonces ellos [los magistrados] tendrán que decidir".

Con su declaración, Gómez respondió a las versiones surgidas este lunes desde la Corte, según las cuales ninguno de los nueve magistrados de esa corporación se ha pronunciado sobre el caso de la fiscal Cornejo pues, según se aduce, la Sala Penal tiene facultades legales para investigar o condenar a fiscales superiores, mas no para separarlos del cargo.

En tanto, el despacho superior del Ministerio Público abrió ayer la fase de pruebas aducida por la fiscal Cornejo, dentro del proceso disciplinario que se le instruye a la funcionaria de manera paralela al proceso penal por la querella de Dixon.

Según la Resolución No. 22 fechada ayer y firmada por Gómez, se informa que se aceptaron como pruebas presentadas por Cornejo la copia autenticada del manuscrito del acta levantada durante la inspección ocular realizada el pasado 4 de julio por la funcionaria encausada en el Órgano Judicial.

También se admitió la declaración jurada rendida ante Gómez por el funcionario de la Corte Luiggi Colucci, sobre el interrogatorio que previamente le había hecho Cornejo.