CHILE.

Poder sindical toma vuelo y mide fuerzas

El poder sindical en Chile despertó del letargo con una fuerza que alertó al empresariado y aunque el gobierno descartó un clima de agitación, aprovechó para lanzar un consejo que encarará la desigualdad social y que podría derivar en una reforma tributaria. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de sus mayores referentes sindicales, convocó para el miércoles a una gran marcha en el país en demanda de mejoras laborales, en el corolario de una ola de huelgas del sector minero, forestal y alimenticio.

"Se está enfrentando un fenómeno nuevo y la prueba de fuego va a ser el 29 de agosto y se va a medir no porque se pare el país, sino por lo que viene después", dijo Ricardo Israel, analista político de la Universidad Autónoma de Chile.

"Ha habido mucha rabia acumulada. Las organizaciones sindicales habían perdido poder y han aparecido líderes nuevos que han desconcertado a la empresa y autoridades con elementos de temor y violencia", agregó.

Si bien hay consenso que el país no enfrenta el conflictivo clima laboral de los años ’70 u ’80, las recientes violentas protestas de subcontratados en Codelco, que mantuvieron en jaque a la minera por 35 días, así como las manifestaciones en una forestal de Copec, que dejó un muerto, han evocado el pasado.

En la cúpula empresarial se pidió "mano dura" frente a las movilizaciones, mientras el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, dijo que "estamos preocupados de la mano estrecha (de los empresarios) y de lo que cuesta compartir la riqueza". Chile exhibe una de los peores índices de distribución de la riqueza en la región.

Basado en un modelo neoliberal de la dictadura de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, Chile se ha consolidado como una de las economías más sólidas de América Latina, con un bajo riesgo, grado de inversión y decenas de pactos comerciales que han multiplicado las ganancias de las empresas.

"Como muchas otras actividades, el estilo de transición democrática en Chile dejó fuera de las negociaciones o adormeció al movimiento sindical al aceptar no replantear sus reivindicaciones sociales", dijo Israel.

Según dirigentes sindicales, la externalización de servicios en muchas faenas a partir de la década de 1980 fue clave en el retraso de demandas sindicales, ya que se eliminaron bonos de productividad, horas extraordinarias, además del incumplimiento de normas de seguridad e higiene.

"El modelo neoliberal, aplicado como capitalismo salvaje, ha llevado al empobrecimiento, la desigualdad en muchos países, incluido Chile. Es agraviante el modelo, porque genera grandes riquezas para algunos y desigualdad para otros", dijo Arturo Martínez, presidente de la CUT. Bajo el actual gobierno de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, se promulgó una ley que apunta a frenar ciertos abusos y establecer derechos para los subcontratados. Pero la bonanza económica de Chile, que este año crecería cerca un 6,0 por ciento, junto a elevados precios de sus principales exportaciones, como el cobre y la celulosa, han empujado a los trabajadores a exigir mejores ingresos y más beneficios. Los funcionarios públicos tampoco se quedan atrás.

En medio del reciente conflicto de Codelco con sus 28 mil subcontratados, la Iglesia Católica actuó de mediador. Bajo ese panorama, la institución puso de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores y abrió el debate sobre contar con un "sueldo ético", que supere el mínimo de 274 dólares, especialmente en grandes empresas. La derecha opositora acogió a medias el llamado de la iglesia, mientras que Bachelet llamó a un amplio pacto social y convocó a un consejo asesor transversal integrado por 48 especialistas para preparar propuestas en materia de trabajo, salario, competitividad y equidad social.

"Tenemos que actuar unidos, como comunidad nacional, afrontando los grandes problemas y encontrando grandes soluciones", dijo Bachelet al constituir el consejo y en momentos que su popularidad ha frenado su caída. Pero la constitución del consejo abrió inmediatamente el debate sobre la posibilidad de una reforma tributaria en que se beneficie a los sectores populares y se suba el impuesto de primera categoría de las empresas.