PECC-AMP-CORTE.

Reflota litigio legal de los faros y las boyas

LA PRENSA/Archivo

CONCESIÓN. El mantenimiento de las boyas está actualmente bajo responsabilidad de la Autoridad Marítima de Panamá.902788

El litigio penal sobre el contrato para el mantenimiento del sistema de faros y boyas para la ayuda a la navegación marítima, que comenzó hace cuatro años, ha vuelto a reflotar.

Carlos Carrillo, abogado de Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), empresa a la cual la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia le suspendió esta concesión el 12 diciembre de 2003, denunció ayer que esta decisión ha generado un grave peligro para la navegación marítima.

Explicó Carrillo, que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad a la que se le ha entregado esta responsabilidad, no ha cumplido cabalmente, y por el contrario ha incurrido en constantes irregularidades y negligencias.

Según el abogado de PECC, la falta de pericia o experiencia en esta labor por parte de la AMP ha provocado el deterioro de equipos sofisticados destinados para esta labor y por ende, una serie de accidentes marítimos.

Como ejemplo Carrillo citó la paralización y deterioro de la torre de control para la navegación ubicada en Colón, lo cual, añadió, ha causado un perjuicio de más de tres millones de dólares a este moderno equipo de ayuda para la navegación marítima portuaria.

Anunció Carrillo que como representante legal de PECC ha presentado una sexta solicitud para que la Sala de lo Contencioso de la Corte revierta el fallo -de 2003- donde ordenó suspender el contrato que tenía esta empresa para darle mantenimiento al sistema de faros y boyas.

Otra denuncia al respecto fue la que presentó la empresa Evergreen, cuyos representantes señalaron que por la falta de mantenimiento en este sistema de navegación la embarcación Ever Reach encalló por tres horas, el pasado 12 de agosto, luego de transitar por el Canal lo que causó serios daños en su estructura.

Encarnación Samaniego, director de Puertos de la AMP, dijo que están a la espera de que la Corte se pronuncie sobre este caso, para saber si tienen que devolverle estas funciones a PECC o si será esta institución la que continuará brindando el servicio.

Samaniego reconoció que el sistema que se utiliza es obsoleto y que el gobierno tendría que invertir entre cinco y ocho millones de dólares para actualizarlo, pero que esto no se puede hacer hasta que la Corte Suprema falle.

Dijo que inclusive, el funcionamiento y equipamiento de la torre de control de Colón se paralizó por la decisión de la Corte en este caso.

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