| Advertencia.Corte habría infringido una disposición del código civil
Una ley con 10 años de retroactividad
Todo lo actuado por el Mivi en materia urbanística en la zona canalera desde julio de 1997, podría tener validez.
Para rezonificar en las áreas revertidas, ya no hay que ir a la Comisión de Asuntos del Canal. Mónica Palm
mpalm@prensa.com
La decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema que favoreció el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las áreas revertidas, como el que Carlos Pasco pretende construir en un parque en Clayton, está fundamentada en una ley de febrero de 2007, que indica que los cambios de uso de suelo en las comunidades canaleras pueden hacerse a través de simples resoluciones del Ministerio de Vivienda (Mivi).
Lo que no menciona el fallo en alguna de sus siete páginas, es que esa ley fue demandada por inconstitucional por la abogada Inés de Lara, en representación del diputado opositor Leopoldo Benedetti.
Benedetti es un público adversario de la planta de molienda de clinker que la empresa Parque Industrial Marítimo quiere construir en Rodman.
Lo que Lara demandó es un parágrafo de la Ley 12 de febrero de 2007, que modificó el Artículo 13 de la Ley 21 de junio de 1997, sobre el Plan general de uso de suelos de la región interoceánica.
El referido artículo originalmente señala que las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el Plan podrán variar, "previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea". No obstante, de un plumazo, La Ley 12 de febrero de 2007 exceptuó de este requisito a todas las resoluciones ya emitidas por el Mivi, desde el mes de julio de 1997.
Es decir, que la nueva legislación tuvo efectos retroactivos, puesto que amparó todo lo actuado por el Mivi en materia de desarrollo urbano en las áreas revertidas, en los últimos 10 años.
En su salvamento de voto, Adán Arjona advirtió que semejante disposición infringe el Código Civil, ya que este señala que las leyes "no tendrán efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos".
la lucha continúa
El abogado Carlos Varela, que representa a un grupo de residentes de las áreas revertidas, indicó que presentará un recurso contra esta última decisión de la Sala Tercera.
"Las actuaciones del Ministerio de Vivienda, por intermedio de la Dirección de Desarrollo Urbano, quedarán como las más descaradas de las que se tenga recuerdos", opinó.
Hay otra suspensión provisional ordenada por la Corte, sobre un segundo lote de P & P en Clayton. Esta, hasta donde se sabe, se mantiene vigente.
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