CASO NORIEGA.

Vergüenza nacional

Autoridades sinvergüenzas, autoridades complacientes, cómplices, traidoras, negligentes o convenientes. Cualquier adjetivo se ofendería por ser utilizado para calificar a esos sujetos. Nunca abrigué una esperanza, más allá de lo que deparara el curso inmóvil de los propios acontecimientos, pues si de este gobierno dependía que Noriega regresara a Panamá, primero entregaría el país al Suntracs.

Digan lo que digan, todos sabemos que jamás existió un sincero interés en lograr su retorno; ya fuera para cumplir sus condenas o "mecerse en su mecedora". Y eso se supo desde cuando en un arranque de emotivo enojo, el flamante vicepresidente de la República, otrora demócrata cristiano, espetó públicamente a través de los medios de comunicación que a la oposición le interesaba el retorno de Noriega para enredarle el país al gobierno (¡?). Expresión que obviamente tuvo que contradecir su propio partido en un comunicado posterior. ¿Será por estas inconsistencias pasadas y presentes que los políticos son tan repudiados?

Más que podemos esperar de este gobierno, que se esmera en hacer perder la memoria histórica de este pueblo, para quienes el pasado solo lo componen Torrijos y sus buenas acciones, cuyo Team, entrevistado en la Universidad, responde ni siquiera saber quién era ese señor Noriega.

Noriega debe entender que mayor efectividad hubiera obtenido de sus propios enemigos para lograr su expatriación, de los hoy amnésicos amigos y copartidarios y como tal empezar a devolver todas las ingratitudes a través de sus "memorias" escritas, las cuales, estoy segura, sería un best seller.

Vergüenza sienten los ciudadanos decentes de este país cuando un juez de una corte distrital de Estados Unidos, al momento de decidir un hábeas corpus a favor de Noriega solicitado en extradición por Panamá y Francia, comentando ciertamente que los delitos imputados en Panamá eran más graves y levantando la mirada sobre el hombro de los asistentes, preguntó si alguna de las autoridades de Panamá se encontraba presente (entonces podían), y al saber que no, concluyó más tarde que a Panamá no le interesaba el detenido, pues con lo único que contaban era una añeja, empolvada y agónica solicitud de extradición de casi 20 años (1991).

¿Por qué el gobierno no se asesoró con abogados expertos en las ramas pertinentes, contrató servicios forenses, solicitó cortesías de sala, en fin cualquiera gestión propias de estas actividades, del mismo modo como se contrató para perseguir el dinero mal habido del condenado Noriega? La respuesta ya la he dado, y sepan que seguir peloteando la responsabilidad entre todos es solo falta de honestidad y liderazgo en asumir roles y dirección. O bien, repetir que Panamá ya había hecho lo que le correspondía, estando todo solo en manos de las autoridades norteamericanas, es una verdad a medias, pues si usted, juez, debe decidir una demanda, apreciará toda la actividad de las partes en demostrar sus dichos y pretensiones, siendo el vencedor, el que mejor se active en la reclamación de sus derechos y Panamá no hizo nada, judicialmente.

Todos deberán responder ante el juicio de la historia rindiendo también cuentas ante las víctimas (directas e indirectas) de sus desaciertos quizás hasta dolosos. En otros países de mayor cultura política y judicial, ya les hubiera costado el puesto, en principio, a todos aquéllos que omitieron en hacer llegar a tiempo las solicitudes de extradición (judiciales y ejecutivas), y luego más reciente, a todos aquéllos que no fueron efectivos en rectificar dicha omisión. Y si ni siquiera buscaban actualizaciones o pasantías en los tribunales norteamericanos, con responsabilidad periodística desde tiempo atrás se les informó de la inminente salida de Noriega en el año 2007.

Por principios y formación jurídica no puedo aceptar el argumento de su envío a Francia supuestamente por lo endeble de nuestro sistema de justicia, pues no es así, aun cuando existan algunas manzanas descompuestas o ineptas, y porque, además, tampoco es cierto que conforme una operación aritmética iría irremediablemente a "mecerse en su mecedora", pues como excepción (casa por cárcel), su aplicación es "discrecional" de magistrados o jueces, quienes deben valorar a fin de determinar si el reo merezca o no dicha excepción, entre otras cosas, reincidencias, gravedad de los delitos, peligrosidad, impactos, en fin. Por tanto, debemos creer en el sistema y luchar por su mejoramiento y no renunciar, devaluándonos, a nuestro derecho soberano de administrar justicia, poniéndola una vez más a prueba cueste los que nos cueste.

La oportunidad perdida del retorno de Noriega a Panamá a cumplir con sus condenas es culpa y solo culpa de este incapaz y mentiroso gobierno. Igual se peca o delinque por omisión y esta omisión fue casi planificada. Obviamente ante tal hecho, la evaluación política del partido de gobierno estableció que era preferible distanciar al testigo y espectro viviente de su oscuro pasado reciente. Y nuevamente la justicia y las víctimas fueron burladas al ceder los intereses de la justicia ante los de la política.