La libertad de tránsito en Panamá está secuestrada. Ese derecho que tenemos todos a circular libremente de un lugar a otro, está siendo diariamente condicionado por dos factores: los cierres de calles, por un lado, y la actitud permisiva e irresponsable de las autoridades, por el otro.

El Estado tiene la obligación legal y constitucional –por medio del Ministerio de Gobierno y Justicia– de mantener el orden público y garantizar el derecho fundamental a movilizarnos libremente, sin embargo, esto no pareciera estar en la agenda de las autoridades.

La señora ministra está incumpliendo con sus obligaciones al condescender que diariamente, por la razón que sea –válida o no–, cualquier grupo minúsculo o mayúsculo, obstruya calles, bloquee avenidas e incomunique el país al interceptar la Interamericana. Simplemente el caos se ha apoderado de nuestras vías. Y las autoridades, en lugar de velar porque se cumpla la ley, por omisión están promoviendo su desobediencia. El Presidente debería –en nombre de todos los ciudadanos– pedir cuentas a sus subalternos.