ÁFRICA.

La guerra, los pobres y los especuladores

Hablando de África, dijo el destacado economista Jeffrey Sachs en el diario El País: "sin desarrollo no hay paz... Es mucho más probable que se desencadenen guerras en los países pobres que en los ricos".

Este fabuloso camelo es probablemente hijo del trauma que en los países desarrollados provocó la primera mitad del siglo XX. Nunca en la historia había habido matanzas tan monstruosas como las perpetradas en las dos guerras mundiales. Las cifras no admiten comparación con nada que haya sucedido antes, ni después. Y todo se debió a los gobiernos de los países más ricos y más adelantados de la Tierra. A ver si nos queda claro: no fueron los negros pobres salvajes de África los que mataron a más gente sino los muy blancos ricos y civilizados de Europa, ayudados por otros blancos muy civilizados de Norteamérica y por otros más o menos blancos pero igualmente civilizados de Asia y Oceanía. Si hay alguna relación entre el riesgo de guerra y la pobreza, parece ser más bien la contraria de la que supone el profesor Sachs.

Este reiterado paternalismo es sólo análogo en su base ficticia al que sostiene que la causa del socialismo es la pobreza, cuando la verdad es más bien la opuesta. Pero una y otra vez se supone que los pobres son más propensos que los ricos a toda clase de barbaridades.

Ahora bien, sí que caben hipótesis económicas razonables sobre la guerra y la pobreza, aunque suelen ser las contrarias a las habitualmente esgrimidas. Por ejemplo, la guerra no es buena para impulsar la economía: lo que es bueno es la paz. He dicho paz, y no victoria, porque la paz benefició económicamente mucho a Alemania y Japón en el último medio siglo, y fueron los dos países derrotados en 1945. La afirmación de Sachs, "sin desarrollo no hay paz", es interesante porque, otra vez, parece que la verdad es justo la contraria.

Odiosos especuladores. Manuel Vicent escribe en diario El País: "los especuladores han devorado el paisaje de la costa acarreando cemento hasta la cima de los montes". Y Manuel Ramírez se queja en diario ABC de la calidad de la televisión, concluyendo: "Sí: estamos ante la libertad de mercado, según el artículo 128 de nuestra Constitución. Pero se olvida la posibilidad de planificación estatal que contienen los siguientes".

La tontería de atribuir todos los males a los odiosos especuladores olvida una elemental verdad bailarina: it takes two to tango. Si los especuladores acarrearan cemento hasta la cima de los montes y una vez allí no pasara nada se arruinarían y desaparecerían. Lo que sucede en realidad, por supuesto, es algo muy distinto: los especuladores, o sea, los empresarios, se arriesgan a llevar cemento a los montes cercanos a la costa porque apuestan a que alguien se lo comprará, y no lo hará si el cemento no cambia de forma y se convierte en bonitas casas con vistas al mar. Todo esto no "devora" ningún paisaje sino que lo enriquece con la vida humana, que, para desolación de los bienpensantes, entra en transacciones libres en beneficio de todos. (Por cierto, para coronar su artículo pleno de corrección política, don Manuel sugiere que Adam Smith era insensible a todo el valor que no fuera material o tangible, lo que sin duda provocaría un respingo en el autor de La teoría de los sentimientos morales).

El artículo del profesor Ramírez, con numerosos aspectos excelentes, incurre sin embargo en el doble error de pensar que la planificación puede resolver la calidad de la televisión y de creer que la Constitución española apuesta fundamentalmente por la libertad. La calidad de los medios es siempre discutible, pero la experiencia indica que el mercado puede resolver el problema segmentando la oferta, con lo cual se potencia la posibilidad de que lo minoritario y exquisito sea rentable y conviva con lo popular y no elaborado. La mala calidad, pues, no es culpa del mercado libre.

El que dicho mercado sea propiciado por nuestra Constitución no resiste una lectura de la misma. De hecho, el sometimiento de los bienes de los ciudadanos a consideraciones de carácter colectivo no aguarda a que pase el artículo 128, que en sus primeras líneas proclama nada menos que lo siguiente: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Cualquier intervención y planificación, en suma, puede ser constitucional, con el aval de la "función social" de la propiedad, como reza el lamentable artículo 33.2.