| PERÍMETRO TERMINA EN EL MAR.
Polémica por franja de seguridad del palacio
| LA PRENSA/David Mesa |
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| La medición se hizo este lunes.900427 |
Rafael Luna Noguera
rluna@prensa.com
Si se aplica al cien por ciento la validez del Decreto No. 13 de la Alcaldía de Panamá, en vigencia desde el 11 de julio de 1979, cualquiera que quisiera acercarse hasta la Presidencia para protestar tendría que hacerlo en lancha o cayuco y expresar sus consignas a través de súper bocinas, con la esperanza de que, quizás, algún funcionario lo escuchara.
Así lo denunció la abogada Julieta Ábrego, representante de una de las víctimas de los envenenamientos con dietilene glycol y quien formuló una querella contra funcionarios del Servicio de Protección Institucional, luego de la agresión de aquellos contra miembros del comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, el 19 de julio pasado.
Ábrego criticó la aplicación del referido decreto pues, advirtió, con este se pretende justificar la agresión de los uniformados bajo el argumento de que los pacientes violaron el perímetro de seguridad del Palacio de las Garzas.
Y es que, según reiteró, la inspección practicada el pasado lunes por la Fiscalía Auxiliar en los alrededores de la Presidencia pretendía, entre otros aspectos, medir dicho perímetro y establecer si hubo violación de este o no, misión que fue corroborada por el propio fiscal auxiliar, Luis Martínez.
La abogada precisó, por ejemplo, que desde el portón de la Presidencia hasta el final de la calle sexta, que atraviesa el parque Catedral y el Museo del Canal, solo hay 358.81 metros. Ello quiere decir que los restantes 141.19 metros terminan en el mar y solo desde allí se habría podido protestar.
Y si se mide en los laterales, desde la garita de seguridad –donde ocurrieron los hechos del 19 de julio– hasta el estacionamiento del Teatro Nacional, hay 250.81 metros; mientras que del otro lado, desde la misma garita y hasta los edificios frente a la Policía de San Felipe, por Avenida B, la distancia es de 350.94 metros.
"Pensamos que la aplicación del decreto, aprobado en dictadura, es un absurdo. Pero, más allá de si hubo violación o no a la seguridad, lo que se debe establecer es si se justificaba la agresión a personas enfermas", concluyó Ábrego.
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