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Reportaje especial
Panamá, jueves 9 de agosto de 2007
 

DEPURACIÓN.EXPEDIENTES ESPERAN DECISIÓN EN GOBIERNO Y JUSTICIA.

Policías en la cuerda floja

El último informe de la DRP indica que en los últimos meses se ha destituidoa 14 funcionarios.

La Corte falló contra una acción de hábeas corpus interpuesta por la defensa del comisionado Soto Vega.

LA PRENSA
CAUSAL. El comisionado Carlos Soto Vega fue detenido en diciembre de 2006 por supuestas relaciones con grupos de ‘tumbadores’.893376
Rafael Luna Noguera
rluna@prensa.com

Con la decisión del pleno de la Corte de rechazarle una acción de hábeas corpus y declarar legal su detención –por asociación ilícita para delinquir en materia de delitos relacionados con drogas–, el destino de la carrera del comisionado de la Policía Nacional Carlos Soto Vega descansa en el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Soto Vega, detenido a finales de diciembre de 2006 por supuestos nexos con el grupo de tumbadores de drogas liderado por Juan Ramón Messina (también tras las rejas), es el oficial de más alto rango de la Policía objeto de pesquisas.

Pero su caso no es el único. Un subcomisionado, dos mayores, un capitán, dos subtenientes, cuatro sargentos, dos cabos y seis agentes también esperan por decisiones, algunas de estas pendientes en Gobierno y Justicia, según el último informe de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía.

El subcomisionado Luis Sanjur fue sancionado en 2006 por supuestas actuaciones irregulares en La Joya. Según el informe de la DRP, el 13 de abril pasado la Corte declaró no viable el recurso de advertencia de inconstitucionalidad que interpuso su defensa, y, a la fecha, el oficial no se ha notificado del decreto de destitución.

Otros dos subcomisionados también están pendientes de decisiones administrativas, aunque sus casos no figuran en el informe de la DRP. Se trata de Demóstenes Batista, enviado de vacaciones el 30 de enero pasado tras ser investigado por supuestos nexos con fugas reportadas en La Joya; y Eduardo Serracín, quien incluso fue indagado en mayo pasado en la Fiscalía Tercera Anticorrupción por la supuesta comisión del delito de peculado de uso.

Entre tanto, los mayores son Daniel Samuel y Oscar Eraso, cuyos expedientes reposan en Gobierno y Justicia. En ambos casos, la Policía recomendó la destitución.

El primer oficial fue investigado por el supuesto manejo irregular de una caja menuda, mientras que al segundo se le ha vinculado con personas que tenían prontuario delictivo.

Por otro lado, el informe de la DRP confirma 14 nuevas destituciones que, según los registros oficiales de la Policía, se suman a los 258 despidos incluidos en el proceso de depuración que adelanta la actual directiva de la entidad desde septiembre de 2005.

Consultada sobre los casos que están pendientes de decisión en su despacho, la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, afirmó no tener la información detallada a la mano y aseguró que a la brevedad averiguaría el estatus de cada uno de los casos para saber qué ha pasado con ellos. De cualquier forma, aclaró que se trata de procesos administrativos largos.



 
 
 
 
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