DESCENTRALIZAR.

¿Retórica o compromiso?

Aunque todavía no se ha posesionado en el debate nacional la descentralización del Estado panameño, es una tarea pendiente. Descentralizar la administración pública, dentro de la perspectiva del gobierno actual, no podía encararse como diligencia de cumplimiento a corto plazo. Y esto requiere una explicación, porque de otra manera podría darse la impresión de alguna inconsistencia oficial en el tratamiento del tema.

Una premisa y dos factores han impedido abordar la descentralización con la rapidez con que algunos aún la reclaman. La premisa consiste en que el proceso descentralizador es de por sí complejo. Requiere paciencia y voluntad política. No resulta prudente improvisarlo, a no ser que se hubiera querido ser irresponsable, aunque tampoco parece aconsejable atrasarlo más allá del límite que aconsejan determinadas circunstancias objetivas.

Uno de los factores que impuso la prudencia para el arranque de la descentralización fue de carácter jurídico. Siendo candidato presidencial por primera vez, el licenciado Torrijos firmó, con el resto de los aspirantes a la Presidencia, una declaración pública en la que se asumieron claros y categóricos compromisos en materia de descentralización. En el período siguiente y en su condición de Presidente electo, el Lic. Torrijos debió haber logrado algún un nivel de acuerdo con la presidenta Moscoso para que el Órgano Legislativo, controlado por la administración saliente, aprobara un paquete de reformas constitucionales entre las cuales se preveía establecer un principio general que diera piso al proceso descentralizador de la administración pública. Posesionado de la Presidencia de la República y con una Asamblea Nacional dominada por el principal partido gobernante, el Legislativo confirmó lo aprobado en la Asamblea anterior y pudo surgir, el acatamiento a uno de los métodos de reforma constitucional, el Acto Legislativo No. 1 de 2004 que, entre otras disposiciones, modificó el Artículo 233 de la Constitución estableciéndose, por primera vez en la historia constitucional de Panamá, el compromiso del Estado para transferir recursos y traslado de competencias, mediante Ley, a favor de los gobiernos locales.

Evacuado el factor jurídico, se entra en un segundo factor que ha impedido impulsar la descentralización estando, como estamos, a la mitad del período constitucional del presidente Torrijos. Este factor es de carácter histórico y sociológico. Desde la época de Departamento de Colombia, Panamá se ha debatido entre el centralismo u otra forma de administrar la cosa pública. El centralismo ganó la batalla y eso explica que a la fecha no estamos educados ni hemos sido preparados para que las grandes decisiones se adopten fuera de la ciudad capital. Tal es el nivel de concentración de poder en la metrópoli que para nada ni para nadie resultaría extraño enterarse que para comprar una resma de papel tamaño carta para una oficina pública de Veraguas, por ejemplo, sea menester un visto bueno de un jefe de departamento con oficinas en la ciudad de Panamá quien, para colmo, jamás, de seguro, ha puesto un pie en el despacho suplicante. Este factor histórico-sociológico es, naturalmente, más complicado que el anterior y demanda que se aborde a paso lento.

En su gran mayoría la clase política es alérgica a soltar poder. Al contrario: no se imaginan sin mucho poder. Se sienten disminuidos si no controlan desde lo increíble hasta las bagatelas. Y son celosos, como mayordomos ingleses, cuando alguien pretende mancarles los linderos de su territorio. Y estos rasgos, para desgracia, no se cambian por decreto Ejecutivo. En nuestro sistema de gobierno, los políticos, en gran medida, deciden la suerte del proceso de producción de leyes así como la fase de ejecución de las mismas. Son tornillos y correa de cuanto gira y se mueven en la maquinaria estatal. Y todo vale, tanto para los que se agitan en las ciudades principales como para los que ejercen su oficio en cualquier otra provincia o rincón del país.

Pero con independencia de las deformaciones o virtudes (que también las hay) de nuestros políticos, existe otra arista dentro de este factor histórico que ha impuesto una discreción en el tratamiento de la descentralización. No todos los municipios están preparados para ser receptores y beneficiarios de lo que se espera sea la descentralización. Hay algunas profesionales y técnicas en el recurso humano, por un lado, y, por el otro, no son escasas las deficiencias en las estructuras físicas existentes en las municipalidades. Y para remate no menos del 40% de ellos todavía recibe un subsidio estatal para solventar un mínimo de existencia decorosa.

Estas realidades imponen tareas paralelas a los mecanismos que deben prepararse para ejecutar la descentralización. Es necesario, para empezar, una amplia, sostenida y profunda gestión de educación sobre lo que es la descentralización, lo que incluye, sus implicaciones, lo que excluye sus finalidades, compromisos, objetivos y responsabilidades.

Se hace obligante sumar a las comunidades para que se eche sobre sus hombros los quehaceres de su propio desarrollo. Aunque surgiera el milagro de que todos los políticos se volvieran ángeles y todos los municipios autofinanciaran su gestión pública, la descentralización no tendrá sentido, contenido ni perspectiva si viene ayuna de participación ciudadana.

Hoy día la descentralización aparece detrás de las cámaras; sin embargo, su presencia es tan ineludible como inocultable.

Sin duda que la administración Torrijos ha acumulado más compromisos que retórica en el tema de la descentralización del Estado panameño como nadie antes lo había hecho. Pero este mérito es una moneda de dos caras: hay una valía que se le acredita al Presidente, y existe, al reverso, un gravamen del tamaño de la catedral que la administración actual, en su conjunto, debe (y tiene que) asumir a marcha segura, consistente y persistente con mira hacia la descentralización definitiva del Estado panameño. Esta es la tarea que más pronto que tarde saltará a las tribunas para su debate y consideración.