| TRÁMITE.Procuraduría remitió el caso a la Asamblea.
Spadafora vinculado a compra de finca en Chame
La denuncia había sido presentada en abril, por delitos contra la administración pública.
El testimonio de una funcionaria de Reforma Agraria vincula al magistrado en la transacción.
| LA PRENSA/Archivo |
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| PRUEBA. El nombre de Winston Spadafora había estado al margen de la investigación, hasta que apareció esta carta. |
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
La Procuraduría de la Nación remitió a la Asamblea una investigación sobre la compra de tierras en Punta Chame, ya que en ella se menciona al magistrado Winston Spadafora.
La transacción objeto de la investigación se realizó a finales de 2001, cuando Spadafora era ministro de Gobierno y Justicia. En enero de 2002, fue designado magistrado.
Por la venta de esta finca en Punta Chame, el ex director de Contrataciones Públicas Roberto Ruiz Díaz presentó una denuncia de bien oculto contra la sociedad compradora, Playa Escondida Resort & Marina Ltd. A su vez, la Fiscalía Segunda Anticorrupción empezó una investigación penal por posibles delitos contra la administración pública.
En el curso de la investigación, un declarante mencionó a Spadafora, lo que paralizó las diligencias. Sucede que, según el artículo 160 de la Constitución, solo la Asamblea puede conocer de las acusaciones o denuncias contra los magistrados de la Corte, "y juzgarlos, si a ello diere lugar".
"Yo remití el expediente a la Procuraduría, para que, por su conducto, se remitiera a la autoridad competente", señaló la fiscal Maribel Cornejo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el jueves, el secretario de la Procuraduría, Rigoberto González, remitió el caso a la Asamblea.
Los orígenes del caso
En noviembre de 2001, Nodier Santiago –con Ruiz Díaz como apoderado– presentó una denuncia de bien oculto ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en contra de Playa Escondida Resort & Marina, por la venta directa de 11 hectáreas en Punta Chame. La finca frente al mar se vendió en 28 mil 602.16 dólares, a razón de 25 centavos por metro cuadrado, un valor muy por debajo del precio del mercado, según el denunciante, y "bajo la falsedad de que se construiría un proyecto turístico, el cual a la fecha no existe", añadió.
Sobre esta transacción, la procuradora, Ana Matilde Gómez, opinó que "el bien denunciado fue adquirido ilegítimamente al violarse el tenor de las normas legales que regulan el acto jurídico celebrado". No obstante, en abril pasado, la viceministra de Finanzas, Orcila de Constable, desestimó la denuncia de Ruiz.
Pero el tema no acabó ahí. Paralelamente, la Fiscalía Segunda Anticorrupción admitió una denuncia de Enrique Montenegro Diviazo en contra de los ex ministros Norberto Delgado, Pedro Adán Gordón y Eduardo Quirós; el ex contralor Alvin Weeden, y el presidente de Playa Escondida Resort & Marina, Juan Carlos Tapia, por la probable comisión de delitos de corrupción de funcionarios públicos, tráfico de influencias, abuso de autoridad, falsedad y lesión patrimonial, entre otros.
Entre las pruebas recabadas está la carta que una funcionaria de la Dirección Nacional de Reforma Agraria remitió a Gordón, entonces ministro de Desarrollo Agropecuario. (Ver documento).
González señaló que la funcionaria, en su declaración, ratificó el contenido de la carta.
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