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Panamá, domingo 5 de agosto de 2007
 

EXPROPIACIÓN.EMPRESA ESPERA UN VALOR JUSTO.

Cementera, en proceso judicial

La compañía confía en que un fallo del Tribunal de Justicia de Venezuela proteja sus legítimos derechos.

La expropiación sería la primera de Venezuela sobre intereses de empresas colombianas.

BOGOTÁ, Colombia/REUTERS

La mayor cementera de Colombia, Cementos Argos, dijo que espera de Venezuela un valor justo por su filial en ese país, luego de que versiones de prensa indicaron que se iniciará un proceso de expropiación.

No obstante, Cementos Argos anunció que espera que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela proteja sus legítimos derechos sobre la Corporación de Cemento Andino (CA), que adquirió en 1998 en un proceso público de licitación del Estado venezolano.

La expropiación sería la primera de Venezuela sobre intereses de empresas colombianas. "La declaratoria de utilidad pública es el inicio de un proceso de expropiación dentro del cual se espera obtener un reconocimiento justo del valor de dichos activos por parte del Gobierno Venezolano", dijo Argos en un comunicado de prensa.

Según informaciones de la prensa local, recogidas por Argos en el comunicado, la Comisión Permanente de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Venezuela declaró de utilidad pública a la fábrica de cemento.

Un portavoz de Argos dijo que la firma no ha sido notificada de alguna decisión sobre Cementos Andino, pero que está obligada por el regulador bursátil de Colombia a pronunciarse sobre informaciones de prensa que involucren su operación.

En la mañana del viernes, el servicio en línea del diario Portafolio de Bogotá publicó versiones, que dijo provenían del diario El Nacional de Caracas y de la Agencia Bolivariana de Noticias, según las cuales la Comisión Permanente de Desarrollo Económico aprobó el decreto para la expropiación.

Argos está enfrascada en una batalla jurídica en Venezuela, desde que en marzo de 2006 un juzgado de ejecución ordenó a Cemento Andino la entrega de la fábrica a una persona que dijo estar amparada en una orden judicial.


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