PANAMEÑOS CLAMAN JUSTICIA.

A Noriega… ¿le temen o le deben?

El anuncio de que Manuel Antonio Noriega, que fue juzgado y condenado en Estados Unidos de América por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, terminará su condena el próximo nueve de septiembre, en la cárcel de Miami, ha generado reacciones y opiniones encontradas en los panameños, quienes sentimos que él debe enfrentar la justicia en su país, para cumplir con los casos ya fallados y debe ser juzgado también por los graves delitos que tiene aún pendientes con la sociedad panameña.

Hay que recordar que en junio de 1987, cuando Roberto Díaz Herrera, siendo el segundo comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa, presentó a los medios declaraciones y serias acusaciones que lo vinculaban tanto a él como a Noriega, su comandante en jefe, con graves delitos de corrupción, relacionados con el fraude electoral de 1984, el asesinato del Dr. Hugo Spadafora, el negociado de visas, entre otras denuncias, surgió el movimiento nacional denominado la Cruzada Civilista que exigió una investigación independiente de lo denunciado y la separación del cargo del general Noriega, lo cual nunca se realizó.

Acontecimientos posteriores, relacionados con militares bajo las órdenes de Noriega, permitieron que se perpetraran acciones públicas contra ciudadanos civiles, que generaron serias denuncias por violación de los derechos humanos de los panameños, quienes fueron golpeados, seriamente heridos, otros encarcelados injustamente y algunos asesinados.

Noriega y sus actos de violencia y agresión contra civiles nacionales y extranjeros provocó la invasión de Estados Unidos a Panamá, causando grandes pérdidas de vidas humanas y daños materiales y económicos en el país, acción militar de los gringos que se realizó solo con el objetivo de apresar a Noriega y que luego de su cobarde huida hacia la Nunciatura Apostólica, culminó con su entrega a los oficiales de la DEA, quienes lo recibieron para enfrentar los cargos de narcotráfico que le formularon y por los cuales fue condenado. La justicia norteamericana nunca formuló otros cargos por las agresiones a los panameños.

Los norteamericanos actuaron por sus propios intereses y Noriega fue juzgado en Miami, no por el asesinato de Hugo Spadafora, o del mayor Moisés Giroldi y los otros militares ejecutados ese mismo día, ni por la violación de los derechos humanos a tantos panameños; Noriega enfrentó cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Aquí, en Panamá, hubiera sido imposible juzgarlo por esos delitos, porque vivíamos las mismas condiciones deplorables y vergonzosas que estamos enfrentando hoy día, con una cuestionada y dudosa administración de justicia.

Noriega no solo fue acusado, juzgado y condenado en Estados Unidos, sino también en Francia por otros delitos cometidos en ese país europeo, relacionados con corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, por lo cual también le han incautado apartamentos y dineros depositados en los bancos de ese país. La justicia francesa lo reclama con justificada razón. Se comenta que la extradición a Francia no reconocerá la condición auto otorgada de "prisionero de guerra" que reclamaría Noriega. Y si regresara a Panamá, por su condición de ciudadano panameño, la justicia francesa no podría extraditarlo, porque nuestra legislación no permite la extradición de panameños, y así se escaparía de cumplir en la cárcel la sentencia que allá en el país galo tiene pendiente.

Conociendo Noriega a todos sus abogados, la deficiente y lamentable administración de justicia que actualmente tenemos en Panamá, y dada su estrecha amistad de muchos años, y su evidente relación con altos dirigentes del partido en el poder, el PRD, su brazo político en los aciagos tiempos de la dictadura, ahora el "tristemente célebre General" ha dicho que quiere regresar a Panamá, "a sentarse en una mecedora" en su país al que tanto daño le hizo, y al que tantas personas afectó por tanto tiempo. Seguro que de alguna manera conseguiría, con aquellos amigos que tantos favores le deben o le temen, que fuera declarado inocente de los cargos y delitos que están pendientes de juzgar y obviaría la cárcel por su edad u otras condiciones que podrían legislar para favorecerlo.

¡Qué papa más caliente tiene el gobierno! Y en vez de tener la dignidad y decencia de hacer cumplir el derecho que le asiste a la justicia y a los panameños -porque las condenas pendientes de cumplir y los cargos por la muerte de tantos nacionales, son casos que merecen la máxima prioridad y vigorosa exigencia de nuestro país y de nuestros gobernantes ante cualquier tribunal internacional- pareciera que se está considerando pasiva e irresponsablemente conceder a Francia, la ventaja de recibir a Noriega por delitos menores que los cometidos en Panamá. ¿Por qué?

La administración del Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, debe considerar la complejidad y lo delicado de desconocer la gravedad de los cargos de Noriega en Panamá, para que no sean ellos, unilateralmente, quienes decidan a dónde lo envían, creando un lamentable precedente que podría tener repercusiones posteriores.

Los ciudadanos panameños debemos también solicitar al gobierno del nuevo presidente de Francia, monsieur Nicolas Sarkozy, que espere su turno pacientemente, porque la gravedad de los cargos que existen en Panamá contra Noriega, están relacionados con la muerte y desaparición de muchas personas, delitos más graves por los que se le condenó en el país europeo Francia.

Una vez que Noriega sea juzgado y cumpla su sentencia en Panamá, entonces podría ser trasladado a Francia como delincuente común para que cumpla allá su condena por lavado de dinero.

Exigimos al gobierno de Martín Torrijos cumplir con su responsabilidad, y lejos de evaluar el alcance y las consecuencias políticas del regreso de Noriega a Panamá, demande enérgicamente como corresponde, al Gobierno de Estados Unidos, la entrega del prisionero Noriega, quien tiene pendiente enfrentar los graves cargos de "lesa humanidad" y la justicia que reclaman los familiares de tantos panameños que sufrimos durante los años de la dictadura, y que hoy día exigen el respeto a sus muertos y al principio fundamental de sus derechos humanos.