PETARDOS NOTICIOSOS.

Alborotando el cotarro

Nuestra sociedad ha estado bombardeada durante la semana que cierra por petardos noticiosos, unos de importancia, otros con objetivos imprecisos o simplemente destinados a alborotar el cotarro. Entre los primeros se encuentra la agresión sufrida por los miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida. Entre los segundos figura todo lo concerniente al destino de Manuel Antonio Noriega, bien como prisionero de Francia o de Panamá.

Me he de ocupar de ambos petardos noticiosos.

La imperdonable agresión del Servicio de Protección Institucional acantonado en la Presidencia de la República indica que aún las fuerzas del orden no han superado las malas prácticas de las fenecidas Fuerzas de Defensa ni la tradicional concepción que la Fuerza Pública de todas las épocas posee del derecho que tienen los pueblos a manifestarse. Para la Fuerza Pública su primera obligación no es respetar las libertades, sino irrespetarlas cuando a su juicio el ejercicio de tales libertades puede (hipotéticamente) alterar la paz social.

Se trata de una vieja disputa, desde los tiempos de los gobiernos liberales. Se reprimen o desaira a los pueblos antes de ejercer el derecho o cuando en el ejercicio del derecho se cae en el abuso. Tal es el diferendo. En el orden constitucional de otras épocas había que comunicar anticipadamente la realización de alguna manifestación pública. Esa exigencia fue interpretaba como si fuera la solicitud de un permiso y se aprovechaba para autorizarla o negarla. No se interpretaba la comunicación como una advertencia a la autoridad para que adoptara las medidas (de tránsito u otras) que garantizaran el buen transcurrir de la acción pública. Recuerdo que cuando era presidente de la Federación de Estudiantes comuniqué al alcalde de Panamá Mauricio Díaz Garcés que el 12 de diciembre de 1947 iríamos a la plaza de Francia en pacífica manifestación ante la Asamblea Nacional, el Alcalde prohibió tal concurrencia no sólo porque en ese sitio se debatía el Convenio Filós - Hines, sino porque otros grupos oficialistas tenían dispuesto manifestaciones a favor del convenio. Los estudiantes, hace ya casi 60 años, desfilamos fundados en derechos naturales y en los constitucionales y fuimos agredidos violentamente por la Policía Nacional de la época. Fue la primera violación a la Constitución Nacional de 1946, recientemente aprobada.

El espíritu de la gendarmería de 1947 renació impune y cobardemente el día que el Servicio de Protección Institucional, dirigido por militares e integrado por robots con boinas rojas, tipo Chávez, agredió a familiares y enfermos víctimas de las medicinas envenenadas y recetadas por el Seguro Social. Aquellos militares formaban una muralla rígida, con miradas perdidas como flotando en el vacío, con rostros pétreos, sin que un solo músculo de la cara se moviera y ofreciera una luz destinada al diálogo.

Al ocurrir los hechos tan condenados por todos los sectores vinieron los reproches. A pesar de que se trataba de un pelotón de militares, sin ninguna estampa de civiles, dirigidos por militares, los viejos jefes de las Fuerzas de Defensa dirigieron sus ataques a los civiles, rectores primarios del SPI. Se olvidó que el responsable de la acción de un pelotón es su jefe "en el campo de batalla". Es que el síndrome del dietilene glycol, que pretende adjudicar responsabilidades a los directores que ha tenido la Caja del Seguro Social y no a los responsables directos del manejo del medicamento, se quiere extender a todos los ámbitos de la vida oficial y civil de la República.

Por supuesto que el pelotón de agresores y el jefe militar del SPI en acción podían alegar obediencia debida si el Ministro de la Presidencia ordenó que se descuartizara a los manifestantes. Como igualmente serían responsables los directores del Seguro Social si ellos ordenaron a sus subalternos, con dolo y perversidad, que envenenaran los jarabes con el propósito de eliminar a cientos de asegurados pobres.

Lo importante es obtener algunas enseñanzas. Los métodos de los represores de antaño no pueden ser los métodos de convivencia de la democracia. A ojos vista todos los miembros de la Fuerza Pública deben iniciar y agotar la vías del diálogo, pero siempre respetando el ejercicio de los derechos constitucionales.

En el caso del destino de Manuel Antonio Noriega es censurable la conducta de los abogados norteamericanos. Sus dardos han estado dirigidos al panameño: "Parecen gorilas golpeándose el pecho". Mala táctica la búsqueda de un enfrentamiento con los nacionales, sobre todo si lo que se trasluce es que tanto el gobierno como la mayoría de los encuestados locales aboga porque Noriega cumpla su condena en Panamá. Peor ha sido la táctica al pregonar, sin precisar, que Noriega enriqueció a empresarios y políticos. La respuesta de los políticos de la oposición ha sido tajante, han retado a los abogados May y Rufino a que tengan la dignidad de dar nombres propios y a dejar de lado la táctica de disparar petardos para alborotar el cotarro. Los políticos y empresarios oficiales han hecho mutis por el foro.

Escribo esta crónica antes de conocer la decisión de la justicia norteamericana (miércoles 24-7-07). Si se envía al prisionero a Panamá, jamás lo alcanzará la justicia francesa porque los nacionales no pueden ser extraditados. Y si lo envían a Francia, la justicia panameña no logrará sus objetivos dada la edad (1933) de Noriega. En otras palabras la decisión estará dirigida a favorecer o no a Noriega.

El caso Noriega para algunos es un problema aparentemente judicial. En lo personal no tengo la mínima duda que Francia y Estados Unidos, independiente del querer del Gobierno panameño, ya acordaron el destino inmediato de Noriega. Ese acuerdo tiene como eje todo lo concerniente a los privilegios de la extradición.