Las dos muertes que ayer se sumaron a la ya abultada lista de víctimas fatales por accidentes de trabajo ocurridos este año, obligan a las partes interesadas a hacer un alto en el camino. Gobierno, constructoras y obreros deben dialogar y acordar medidas drásticas que detengan esta constante pérdida de vidas humanas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo morir a humildes trabajadores, en muchos casos por negligencia, al tiempo que el Gobierno pretende mejorar la seguridad laboral ratificando convenios de la OIT y aprobando leyes?

Está demostrado que en este país las leyes muchas veces están de adorno. Las autoridades tienen que obligar, de una vez por todas, a que las constructoras cumplan con las normas de seguridad. ¿A cuántas empresas se ha multado? ¿Cuántas construcciones se han suspendido?

¿En cuántas investigaciones se ha encontrado a los responsables? La vida de un ser humano vale mucho más que el par de dólares que algunas constructoras se ahorran al obviar los requerimientos de seguridad.