| ESTADOS UNIDOS.
Un Presidente imperial va a la guerra
Adam Cohen
La nación se dirige hacia una confrontación constitucional por la guerra de Irak. El Congreso se está acercando cada vez más a la aprobación de una iniciativa de ley para limitar o terminar la guerra, pero el presidente Bush insiste en que no tiene el poder para hacerlo. "No creo que el Congreso debiera estar dirigiendo la guerra", dijo en una conferencia de prensa realizada hace poco. "Creo que debería estar financiando las tropas". Agregó magnánimamente: "Ciertamente que me interesa su opinión".
La guerra no es la única área en la que el gobierno de Bush está tratando de expandir sus poderes más allá de toda justificación jurídica. Sin embargo, el peligro de una presidencia imperial es particularmente grande cuando un Presidente lleva al país a una guerra, algo que los fundadores de la nación entendieron bien. En la confrontación que se avecina, los fundadores y la Constitución se encuentran firmemente del lado del Congreso.
Dado lo resuelto que está el Presidente en expandir su autoridad, es sorprendente recordar cómo los autores de la Constitución concebían el poder presidencial. Eran revolucionarios que detestaban a los reyes, y su gran inquietud cuando establecieron Estados Unidos fue la de no crear por accidente un reino. Para protegerse contra eso, limitaron en forma tajante la autoridad presidencial, que Edmund Randolph, un delegado a la convención constitucionalista y primer procurador general, llamó el "feto de la monarquía.
Los fundadores de la nación tuvieron particular cuidado cuando otorgaron poder al Presidente en cuanto a la guerra. Estaban obsesionados con la historia europea de conflictos iniciados por reyes autoengrandecidos. John Jay, el primer magistrado presidente de Estados Unidos, señaló en el Federalista Núm. 4 que los monarcas absolutos con frecuencia harán la guerra cuando sus naciones no obtendrán nada con ella, sino por propósitos y objetivos meramente "personales".
Muchos críticos de la guerra en Irak son renuentes a sugerir que Bush la hizo por muchas razones, menos por buena fe. Sin embargo, James Madison, ampliamente conocido como el padre de la Constitución, habría sido más escéptico. "En la guerra se multiplican los honores y emolumentos del cargo; y es bajo el auspicio del Ejecutivo que han de disfrutarse", advirtió. "Es en la guerra, finalmente, que se obtienen los laureles; y es a la frente del Ejecutivo a la que van a rodear".
Cuando escribieron la Constitución, Madison y sus colegas imprimieron su escepticismo al texto. En Gran Bretaña, el Rey tenía la autoridad para declarar la guerra, y para formar y sostener ejércitos, entre otros poderes de guerra. Los autores de la Constitución rechazaron expresamente este modelo, y le otorgaron estos poderes no al Presidente, sino al Congreso.
"La Constitución sí hace del Presidente el comandante en jefe", un título que invoca con frecuencia Bush. Sin embargo, no tiene el significado arrollador que él propone. Los autores de la Constitución lo tomaron del Ejército británico, que lo usaba para denotar al oficial de mayor rango en el teatro de una batalla. Alexander Hamilton enfatiza en el Federalista Núm. 69 que el Presidente no sería nada más que "el primer general y almirante responsable del comando y dirección" de las fuerzas militares.
Los fundadores se habrían asombrado ante la afirmación de Bush de que el Congreso simplemente debería extenderle cheques en blanco para la guerra. Ellos le otorgaron al Congreso el poder de la bolsa para que así pudiera tener la fuerza para obligar al Presidente a ejecutar sus leyes en forma apropiada. Madison describió el control del Congreso sobre el gasto como el arma más completa y efectiva con la que cualquier Constitución puede armar a los representantes inmediatos del pueblo, para obtener una compensación por cada agravio, y "para hacer entrar en vigor cada medida justa y conveniente".
Los autores de la Constitución esperaban que el Congreso mantuviera especialmente bajo estricto control al Presidente en asuntos militares. La Constitución autoriza al Congreso a asignar dinero para un ejército, pero prohíbe las adjudicaciones por más de dos años. Hamilton explicó que "la limitación evita que el Congreso confiera al Departamento Ejecutivo fondos permanentes para el sostenimiento de un ejército, si fueron incluso lo suficientemente incautos para estar dispuestos a poner en él semejante confianza impropia".
Conforme la opinión está más decididamente en contra de la guerra, el gobierno desdeña cada vez más la función del Congreso. La semana pasada, el subsecretario de Defensa, Eric Edelman, hizo caso omiso en forma brusca a las preguntas de la senadora Hillary Clinton en cuanto a cómo pretende el Pentágono planear el retiro de Irak. "La discusión pública prematura del retiro de las fuerzas estadounidenses de Irak refuerza la propaganda enemiga de que Estados Unidos abandonará sus aliados en Irak", escribió. La respuesta de Edelman mostró, no sólo desprecio por el Congreso, sino por el sistema de gobierno que crearon con tanto cuidado los fundadores de la nación.
La Constitución no se puede hacer cumplir a sí misma. Es, como es famoso que el experto constitucionalista Edwin Corwin observó, "una invitación a luchar" entre los poderes, pero los fundadores legaron con sabiduría al Congreso algunas herramientas poderosas para participar en la lucha. No es ninguna sorpresa que el debate actual sobre una guerra profundamente impopular esté surgiendo en el contexto de una iniciativa de ley del Congreso sobre el gasto. Esa es precisamente la intención de los fundadores de la nación.
Los miembros del Congreso no deberían intimidarse pensando que están pasando más allá de sus límites constitucionales. Si los fundadores estuvieran observando ahora, no pensarían que son Harry Reid y Nancy Pelosi quienes están fuera de lugar, sino George W. Bush, quien les parecería menos un Presidente y más un Rey.
The New York Times
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