‘BOOM’ INMOBILIARIO.

Arquitectos e ingenieros piden adaptar normativa

El Código de Seguridad Humana de la National Fire Protection Association y la regulación de la industria con respecto a la promoción, venta y desarrollo de proyectos, fueron los temas que predominaron ayer en un encuentro entre arquitectos, ingenieros, representantes de gremios y autoridades.

En la reunión, a la que asistieron la ministra de Vivienda (Mivi), Balbina Herrera; la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher; el alcalde municipal, Juan Carlos Navarro, y representantes del Cuerpo de Bomberos de Panamá, los arquitectos e ingenieros pidieron actualizar los requisitos de las normas existentes, pues consideran que "muchos son redundantes".

La norma establece la incorporación obligatoria de sistemas de rociadores, dos escaleras por proyecto, alarmas contra incendio, lámparas de emergencia, y puertas y paredes que retrasen el efecto del fuego. Los profesionales –entre ellos, Ignacio Mallol, Herman Bern, Nicolás Corcione y Alfonso Pinzón– aseguran que en todos los proyectos no es necesario tener doble escaleras, y explicaron que si se implementa un sistema de rociadores no es necesario el sistema húmedo acondicionado.

La norma es la misma que se aplica en Estados Unidos. Los arquitectos explican que los bomberos cumplen "al pie de la letra" la norma, y deberían aplicarla solo a los edificios que lo necesiten, sobre todo a los que tienen más de 50 pisos.

Según dicen, la aplicación representa gastos muy altos. Algunos de ellos dijeron que sus proyectos están paralizados a pesar de tener 49 pisos o menos, y pidieron adaptar la ley para determinar en qué casos debe aplicarse y en cuáles no.

Gólcher dijo que esta semana los bomberos y los diseñadores representados en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia) y en el Instituto Panameño de Urbanismo (Ipaur) se reunirán para llegar a una conclusión en torno a este tema.

Los gremios presentes (la Cámara Panameña de la Construcción, Convivienda, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, SPIA, Ipaur y la Cámara de Comercio) acordaron que se deben aplicar sanciones a los promotores que vendan proyectos sin el anteproyecto aprobado. Solicitaron que se sancione a quienes se dedican al negocio de bienes raíces sin tener licencia, y que se imponga un seguro obligatorio para que, en caso de que el proyecto no siga adelante, se le devuelva el dinero a los compradores.

Pidieron que se cree un fideicomiso que administre una fiduciaria, y no un promotor.

Herrera manifestó que el Gobierno no quiere intervenir en el sector inmobiliario, por lo que pidió a los presentes "autorregulación". Además, les solicitó elaborar un documento con las propuestas sugeridas, para analizarlas.

Los presentes aseguraron que la industria no está pasando por una crisis. Navarro dijo que "vamos por buen camino": en la capital hay 170 edificios en construcción, 120 anteproyectos aprobados y 90 en trámites de aprobación.

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