El presidente Torrijos se equivocó, y en un asunto elemental. ¿Cómo es posible que el SPI haya sido dirigido –aunque sea como encargado– por un uniformado de carrera, cuando la ley expresamente lo prohíbe? Con la salida del director anterior, el Presidente se arriesgó al dejar al subdirector José Gómez encargado de la dirección del SPI, cuando la posición está reservada para un civil. Aunque en el papel Gómez no era director, en la práctica actuaba como tal, daba órdenes, manejaba el personal y era la máxima autoridad del SPI.

Es evidente que lo que se pretendía era mantener a este señor como director encargado indefinidamente, seguramente con la idea de que con el tiempo nos olvidáramos de que el SPI estaba siendo comandado por un uniformado con antecedentes no muy envidiables.

Pero el Presidente ha pagado caro su error, ya que al apadrinar esta irregularidad, los comandados por el "director encargado" propinaron una golpiza –de las que no se veían hace muchos años en este país– a los familiares de víctimas y afectados por los envenenamientos con dietilene glycol. La separación de Gómez llega tarde, pues jamás debió dársele semejante responsabilidad.