DISTURBIOS. ‘policías deben ser más tolerantes’: Vargas.

Enfrentamiento entre víctimas del sira y el SPI

Comité de familiares exige el pago de la ayuda económica suspendida hace dos meses.

LA PRENSA/Bernardino Freire

A GOLPES. El dirigente Gabriel Pascual se enfrentó a los agentes de seguridad. 883886

Lo que pretendía ser una protesta más de los familiares y pacientes afectados por los medicamentos envenenados de la Caja de Seguro Social (CSS), para exigir justicia, terminó en serios disturbios donde los protagonistas fueron los dirigentes del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida y agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI).

Todo empezó cuando los manifestantes, alrededor de 60 personas, se acercaron al perímetro de seguridad de los predios de la Presidencia, en un intento por tratar de que algún funcionario "de mando" les atendiera.

Anabell Herrera, familiar de uno de los afectados y quien participó en la protesta, dijo desde que desde las 3:30 p.m. estuvieron esperando para ser escuchados. "En vista de la indiferencia, decidimos avanzar para que nos atendieran y fue así como los del SPI empezaron a atajarnos", dijo.

El vocero del comité Gabriel Pascual, y Ramsés García, otro de los dirigentes, fueron arrestados por varias horas, aunque al cierre de esta edición ya habían sido liberados.

Otras tres personas sufrieron desmayos, entre ellas una mujer mayor de edad que padece de insuficiencia renal. Todos fueron trasladados a un centro hospitalario. "Fuimos golpeados y pateados por agentes del SPI", dijo Herrera.

Sin embargo, un comunicado del Gobierno alega que el viceministro de la Presidencia, Dilio Arcia, fue comisionado para atender a los manifestantes, pero estos "rechazaron rotundamente al representante del Ejecutivo". El comunicado añade que a Pascual y García se les formularon cargos por agresión. Acción que el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, tacha de "inaceptable", y advierte que los policías deben tener más tolerancia "que el resto de los ciudadanos".

Juan Antonio Tejada, quien presidió la Oficina de Ayuda a las Víctimas del síndrome de insuficiencia renal aguda (sira), lamentó lo sucedido y dijo "que evidentemente hubo un exceso del uso de la fuerza policial".

El Comité quería, entre otros aspectos, entregar al presidente, Martín Torrijos, un pliego en el que le exigen continuar con la ayuda económica que se les brindaba a los familiares y que fue suspendida desde hace más de dos meses.