ESTRATEGIAS Y RELACIONES PÚBLICAS.

Respuestas que hacen más daño que bien

Llevo más de treinta años en el mundo de las estrategias y los planes de información y relaciones públicas. La experiencia me señala que antes de contestar a una acusación, hay que medir ciertos factores de riesgo. Si hay base en la crítica que se le hace a un funcionario, lo primero será el reconocimiento del error y lo segundo buscar acciones para corregirlo.

Hay muchos que piensan que la mejor defensa es el ataque, pero ellos creen que seguimos viviendo en los tiempos de la patria boba. En el caso del programa social, Ver para Aprender, de la primera dama, Vivian Fernández de Torrijos, partimos reconociendo el gran valor de sus beneficios. Nadie, en su sano juicio, podrá criticar la intención de la Primera Dama de corregir los problemas visuales de la gente de tierra adentro. Será difícil encontrar a alguien que se oponga a esta iniciativa.

Ahora, si la forma de invertir los dineros que le pertenecen al pueblo, no se apegó a las leyes sobre contrataciones públicas, el deber del despacho superior era reconocerlo y hablar de correctivos a futuro. Si en la confección de los lentes se dieron deficiencias, el mejor camino sería decirle al periódico que aquellos casos aislados, iban a ser resueltos y de paso pedir a los padres de los niños o los directores de escuela, presentar esas irregularidades porque la salud es lo primero.

En cuanto a posible tráfico de influencias para la confección de los lentes, lo aconsejable es que si no lo hubo defenderlo con fuerza y si ocurrió lo contrario, guardar silencio o pedir la aplicación de la ley. Siento que el manejo que le dio el Despacho de la Primera Dama no fue el correcto y que ha quedado un sabor amargo. En mi caso particular, cuando leí el comunicado de la Asociación de Optometristas, donde se retractaban de su carta del mes de abril, vinieron a mi mente ingratos recuerdos.

Mi mente viajó a 1983 cuando se obligó a un procurador a renunciar por haber hecho públicos unos cheques que ciertas compañías aseguradoras giraban a nombre del PRD por comisiones, del plan de vivienda de la Caja de Seguro Social. Rafael Rodríguez fue obligado a abandonar el país. Me ubiqué en 1985 cuando el presidente de la República, Nicolás Ardito Barletta, fue obligado a renunciar por su decisión de nombrar una comisión independiente que investigara la muerte y decapitación del doctor Hugo Spadafora.

Tal vez el público no encuentre relación entre estos casos y el de los optometristas, sin embargo, en ambos se les torció el brazo a los protagonistas. Es posible que la percepción de mucha gente sea que algo similar ocurrió cuando las optómetras fueron al Despacho de la Primera Dama. Repito, me ha quedado un mal sabor de ese manejo mediático. ¿Quién pagó la página de la Asociación de Optómetras que apareció en el diario La Prensa? ¿Por qué la presidenta de ese organismo no se mantuvo en su posición original? ¿Por qué dijo "el gobierno es el gobierno"?

Hay respuestas que hacen más daño que los hechos. Tomemos por ejemplo tres casos de la pasada administración: los regalos de relojes Cartier a los legisladores, el hundimiento del helicóptero y el tema de los durodólares. Fueron tantas las declaraciones oficiales y las contradicciones en ellas, que al final del camino, las respuestas han sido más dañinas.

Repartir más de 20 mil lentes a estudiantes de escasos recursos es una actividad plausible, pero más allá de los beneficios está el cumplimiento de las normas que rigen las contrataciones públicas.