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Panamá, domingo 15 de julio de 2007
 

bienes raíces.incidentes amenazan la prosperidad del sector.

Turbulencias en mercado inmobiliario

El Colegio Nacional de Economistas cree que el Estado ha reaccionado tarde ante el ‘boom’.

El canciller encabeza las reuniones con el sector privado, para hallar solución a los problemas detectados.

LA PRENSA/David Mesa
Despegue. Se han aprobado 120 anteproyectos para construcciones de más de 25 pisos y 80 están en trámite de aprobación.881151
Mario A. Muñoz
andresm@prensa.com

La ciudad de Panamá es reconocida internacionalmente como una urbe donde se erigen torres que rascan los cielos, dinamizan la economía y multiplican los empleos. Con la construcción como punta de lanza, la economía nacional está creciendo a pasos agigantados (9.4% en el primer trimestre) y los casi 90 mil nuevos contratos que se registraron en el primer semestre han llegado a colapsar las oficinas del Ministerio de Trabajo.

Es un hecho que los edificios nuevos son más que un espejismo y cada vez son más las grúas que coronan obras en San Francisco, Punta Pacífica, Costa del Este, Paitilla y Avenida Balboa.

Este año, hasta abril, el valor de los permisos de construcción sumaba 321.9 millones de dólares, 30% más que en el mismo período de 2006, según la Contraloría.

Reglas del juego

Pero la vitalidad de la construcción y el auge de las inversiones y ventas inmobiliarias constituyen una gigantesca nave que está cursando cielos no exentos de turbulencias.

En forma simultánea, varias situaciones han amenazado la hoja de ruta y son muchos los que han resultado afectados hasta ahora.

Los constructores se quejan por la "imposición", vía Decreto Ejecutivo, de un oficial de seguridad en cada proyecto, que tendrá un costo de hasta 100 mil dólares. Lo anterior representa un "repentino" e "inconsulto" cambio de las reglas del juego, reclama la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda también advierte sobre la escasez de los materiales, producto de la gran demanda, y sus efectos en los atrasos de las obras, el incremento en los costos de la construcción y los precios finales de las viviendas.

Los corredores de bienes raíces, reunidos en asamblea general, alertaron sobre la especulación en el mercado inmobiliario luego de que dos rascacielos (Ice Tower y Palacio de la Bahía) anunciaran que no iban a ser construidos, tal como fueron promocionados. Adolfo Olloqui, promotor de Palacio de la Bahía, insistió ayer que está dispuesto a construir una nueva versión de su edificio en el lote del antiguo colegio María Auxiliadora.

Pero, de ocurrir nuevas cancelaciones, los corredores temen que las constructoras no les reconozcan sus comisiones. Y también hay compradores extranjeros afectados, que compraron costosos apartamentos y que están recurriendo a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en busca de apoyo (ver Reciben abonos si renuncian a sus derechos).

En los tribunales, además, avanzan demandas en contra de las cláusulas de los contratos de compraventa de propiedades, y esto ha obligado a los promotores a replantear la redacción de sus modelos contractuales. Ya fue dictado un fallo en primera instancia que considera "abusivas" e "ilegales" las cláusulas que establecen la pérdida de derechos de los consumidores en caso de no construcción.

Adolfo Quintero, presidente del Colegio Nacional de Economistas, advierte que el Estado reaccionó tarde al boom de la construcción y que no está imponiendo efectivamente sanciones a los infractores. "Deben aplicar la prohibición de promocionar proyectos que no están aprobados" por Ingeniería Municipal, destacó.

Evalúan medidas

Las quejas de los representantes del sector han llegado a altos niveles del gobierno, y el primer vicepresidente y canciller, Samuel Lewis Navarro, está encabezando las reuniones con el sector privado, para tomar medidas que permitan solucionar los problemas.

"Tenemos que efectuar un trabajo mancomunado para que el sector más pujante de la economía se desarrolle en forma normal", dijo Balbina Herrera, ministra de Vivienda.

"Confiamos que las reuniones tengan resultados positivo", afirmó Walter Medrano, presidente de la Capac.

Este gremio asegura que ya está enfrentando el problema de los accidentes y la seguridad en las construcciones. "Sin embargo, nos oponemos al Decreto 15 del 3 de julio, porque no va a resolver el problema de seguridad y va a encarecer aún más el precio de las viviendas", destacó Medrano

La Capac propone mejorar la formación de los ingenieros, arquitectos y obreros, a través de seminarios, diplomados y cambios en las carreras universitarias del país.

"El decreto establece un nuevo impuesto que, al final, lo va a sufrir el comprador de la vivienda de carácter social, es decir, la mayoría de las personas, porque las propiedades de viviendas más caras lo podrán absorber", indicó Medrano.

Por su parte, el ingeniero municipal, Jaime Salas, está optimista con la marcha de los proyectos: en lo que va de año se han aprobado 120 anteproyectos para nuevas construcciones y 80 están en trámite de aprobación.


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