No pretendemos cuestionar la benevolencia ni la pertinencia de los programas que maneja el Despacho de la Primera Dama, pues eso constituye tema de su absoluta elección. Lo que irrefutablemente sí es materia de interés de la sociedad es conocer cómo se maneja y dispone de los fondos públicos, sea para el propósito que sea.

Allí precisamente radica la diferencia entre criticar un programa y cuestionar un proceso. Hemos puesto en evidencia –con hechos y documentos– al menos dos aspectos cardinales que hasta ahora no han sido ni refutados ni aclarados por las autoridades: primero, que el programa social ‘Ver para aprender’ no fue objeto de una licitación pública, tal cual lo exige la ley; y segundo, que los profesionales contratados para hacer los exámenes oculares a los niños, fueron los mismos que luego vendieron los anteojos recetados.

Así, por muy dura que pueda parecer, no podemos matizar la realidad. Y entonces, la virtud que puede haber en estos proyectos queda a merced de la suspicacia y la sospecha ante hechos tan notoriamente cuestionables.