| TRAGEDIA. MUERTE DE DIPUTADOS complica intercambio.
Sombrío panorama de rehenes
El único diputado sobreviviente había sido alcalde de un municipio que las FARC piden ‘despejar’.
Francia reaccionó enérgicamente contra todo intento de rescate militar de los secuestrados.
| AFP /Mauricio Dueñas. |
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| CLAMOR. La petición de un acuerdo humanitario es más fuerte que nunca.873182 |
BOGOTÁ, Colombia/EFE
La muerte de 11 de los 12 diputados regionales que la guerrilla de las FARC tenía secuestrados y que, según el Gobierno colombiano, fueron "vilmente asesinados", tendió ayer un manto de incertidumbre sobre el futuro de los demás rehenes que están en manos de ese grupo rebelde.
Los diputados fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 en una operación a plena luz del día en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali (suroeste), y hacían parte de una lista de 56 rehenes que la guerrilla pretende canjear por más de medio millar de rebeldes presos mediante un acuerdo humanitario.
El único diputado que no murió, según las FARC, es Sigifredo López, quien no estaba en el lugar y que fue alcalde del municipio de Pradera, Valle, uno de los dos que piden las FARC como escenario desmilitrizado de un eventual acuerdo humanitario. Al conocer la noticia de la muerte de los once diputados, Francia manifestó su oposición a "toda" operación militar para tratar de liberar a los secuestrados por las FARC y subrayó que esa opción está "absolutamente proscrita debido a los riesgos para la vida de los secuestrados", según el portavoz de la diplomacia francesa, Jean-Baptiste Mattéi. Recordó que Francia está "plenamente" implicada en la búsqueda de una solución humanitaria para el drama de los secuestrados en Colombia, y que trabaja en ese sentido "con discreción junto a Suiza y España", que forman el grupo de "países amigos" para la búsqueda de la paz. El canciller colombiano, Fernando Araújo, citó ayer a su despacho a los embajadores de esos tres países, con quienes conversó sobre la muerte de los once diputados, que el procurador general de Colombia, Edgardo Maya Villazón, calificó de "tragedia nacional".
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