POR ENCIMA DE LA LEY.

La erosión de la democracia

Aunque usted no lo crea, la ambición del presidente George W. Bush, según lo ha declarado la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, es pasar a la posteridad como el estadista que democratizó los países del Oriente Medio.

Para Bush, las invasiones a Irak y Afganistán fueron solo la primera parte de un gran esquema democratizador de la región más convulsionada del orbe, ideado por la administración y sus ideólogos.

La gran ironía es que mientras el contribuyente estadounidensefinancia las aventuras "democratizadoras" del Presidente, el vicepresidente Dick Cheney y sus empleados hacen lo imposible por erosionar uno a uno los principios democráticos que le han dado sustento a Estados Unidos.

La semana pasada, el congresista demócrata californiano Henry Waxman, criticó severamente al vicepresidente por negarse a enviar a los Archivos Nacionales, un departamento que depende de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad de la Información Oficial, un informe sobre las salvaguardas que se utilizaron para archivar documentos secretos durante 2003.

Cheney, quien cumplió con el mandato en 2001 y 2002, cambió de opinión para el 2003 y se negó a presentar su informe aduciendo que la seguridad nacional se pone en peligro cuando se ejerce cualquier tipo de control público sobre el tema. Ante la negativa, los archivistas solicitaron la intervención de la oficina del Procurador General de Justicia para hacer que la vicepresidencia cumpliera con la ley. Después de todo, fue el propio Presidente quien, en 2001, estableció que se creara un sistema uniforme para clasificar y desclasificar información relacionada con la seguridad nacional y le otorgó a la oficina de Archivo la responsabilidad de evaluar la efectividad de los programas de todas las agencias dependientes del poder Ejecutivo.

"Nuestros principios democráticos", dice el texto enmendado por Bush, "demandan que el pueblo norteamericano esté informado de las actividades de su gobierno".

Cuando el congresista Waxman denunció la rebeldía de la vicepresidencia, esta cambió el argumento sosteniendo que, en rigor, esa oficina no es parte del poder Ejecutivo porque el vicepresidente también ostenta el título de presidente del Senado. Lamentablemente, la primera reacción de Bush a las estratagemas del vicepresidente ha sido desastrosa, pues ha dicho que las órdenes que el Presidente modificó después de los atentados del 11 de septiembre, y que se aplicaban a todas las dependencias del poder Ejecutivo en realidad no se aplican ni a la oficina del Presidente ni a la del vicepresidente. Y es precisamente la actitud del vicepresidente de sentirse por encima de la ley la que ha posibilitado que invocando la seguridad nacional, su oficina y el Pentágono violen, en repetidas ocasiones, la privacidad de las personas autorizando la intercepción secreta de llamadas telefónicas, correos electrónicos, envíos postales y espiando los hábitos de compra y de lectura de millones de ciudadanos sobre quienes pesa una sospecha que puede ser tan endeble como el origen de su apellido.

La prolongación de la guerra civil en Irak, el resurgimiento de hostilidades en Afganistán, la renovada lucha por el poder en la Franja de Gaza y la incontrolable violencia política en Líbano no auguran que el tan ansiado sueño del presidente Bush de democratizar el mundo se hará realidad ni en el corto, el mediano o el largo plazo. Los pueblos no se democratizan de arriba hacia abajo.

Lo que sí está al alcance del Presidente es empezar a ponerle coto a los abusos de su vicepresidente. De no hacerlo, tendrán que ser los ciudadanos de esta nación democrática quienes recuperen su derecho a estar informados de las acciones del gobierno y castiguen con su voto a los políticos como Cheney que se piensan que están por encima de la ley.