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La Ley Faúndes tiene sus días contados
La oposición criticó el hecho de que se tomara la decisión después de haber sacado a dos magistrados.
| LA PRENSA |
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| Los diputados analizarán sus propias prebendas.872079 |
Leonardo Flores
lflores@prensa.com
Ya son menos los trámites legislativos que debe seguir la llamada "Ley Faúndes" para su derogación. Ayer, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate un proyecto de ley para que los funcionarios que cumplan 75 años de edad o más puedan continuar ejerciendo sus labores dentro del engranaje público.
La norma que se pretende eliminar establece que los servidores públicos nombrados en cargos del Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en los municipios, salvo los de elección popular, tienen que retirarse de sus funciones públicas a los 75 años de edad.
La propuesta fue impulsada por la diputada oficialista Susana Richa de Torrijos, a quien se le aplicó esta ley como profesora de la Universidad de Panamá. A la propuesta de Richa de Torrijos se sumó la de la diputada opositora Mireya Lasso. Richa de Torrijos, quien calbideó entre sus colegas para que el proyecto pasara al Ejecutivo antes del 30 de junio, dijo que la ley va en contra de la productividad de las personas de la tercera edad.
Durante la sesión, la bancada opositora acusó al oficialismo de haber utilizado la ley a su conveniencia para sacar de la Corte Suprema a los fallecidos magistrados José M. Faúndes y César Pereira Burgos.
La Ley Faúndes causó polémica tras la interpretación que dio el procurador de la Administración, Óscar Ceville, a los casos del asesor del Ministerio de Educación, Manuel Solís Palma, de 80 años, y del directivo del Banco Nacional, Arturo Melo, de 75 años.
Ceville, en su nota del 12 de febrero pasado, consideró que a Solís Palma no se le podía aplicar la denominada Ley Faúndes, porque la norma solo es válida para "algunos" servidores públicos.
Por otro lado, los diputados empezaron la discusión en segundo debate del polémico proyecto de ley que reforma el reglamento interno de la Asamblea, que implica tocar algunas de sus prerrogativas.
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