El arresto de un inspector de la PTJ bajo graves acusaciones de alquilarle al crimen organizado las armas confiscadas por la institución, es una muestra más de la profunda crisis por la que atraviesan nuestras instituciones, especialmente aquellas encargadas de la seguridad ciudadana y de las investigaciones criminales. Ya se ha vuelto común –tanto que ni nos asombra– conocer casos de policías y de investigadores de la PTJ involucrados en homicidios, robos, tráfico de armas y hasta narcotráfico.

¿Podemos los panameños sentirnos seguros, si las instituciones llamadas a proteger la vida y bienes de todos se encuentran penetradas por los delitos contra los cuales nos deben proteger? La situación es alarmante y pone en evidencia que los problemas de la PTJ no se resolverán con reformas improvisadas.

Los cambios que se requieren son de fondo y urgentes, por lo que las autoridades no pueden seguir perdiendo el tiempo mientras el crimen organizado sigue infiltrándose en nuestros engranajes de seguridad. La historia indica que a todo gran cambio le precede una gran crisis. La PTJ ya ha tocado fondo, y es imperativo que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional tomen nota y actúen con coherencia frente al tema. No hacerlo puede traer graves consecuencias.