JUSTICIA.ASESINATOS POLÍTICOS DURANTE LA DICTADURA.

Chile cierra fronteras para impedir fuga

Las autoridades buscan a Raúl Iturriaga, uno de los jefes máximo de la policía secreta de Pinochet.

El prófugo, que fue condenado a cinco años por el secuestro de un estudiante, dijo que resistiría.

El gobierno chileno ordenó ayer a la policía redoblar la vigilancia en la frontera, para impedir la fuga del ex general Raúl Iturriaga, vinculado a asesinatos políticos en Chile, Argentina e Italia, durante la dictadura militar (1973-1990). "Acá no hay impunidad", advirtió ayer el ministro del Interior subrogante, Felipe Harboe. Además restó importancia al respaldo que oficiales en retiro dieron a Iturriaga, quien escapa de una condena a cinco años de cárcel por el secuestro de un estudiante en 1974.

"Nadie puede estar por sobre la ley. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que este señor, delincuente condenado, sea prontamente puesto a disposición de los tribunales", prometió Harboe.

Organizaciones de derechos humanos, diputados y senadores oficialistas advirtieron este miércoles que la fuga de Iturriaga puede estar respaldada por una red de protección integrada por ex militares.

Además temieron que otros represores intenten burlar también la justicia. En Chile, varios cientos de ex militares están procesados o condenados por la justicia.

Iturriaga, quien es considerado "un líder" por sus pares, anunció a los medios de comunicación que resistiría en la clandestinidad su condena.

El ex comando paracaidista fue uno de los jefes máximos de la policía secreta en los albores de la dictadura del general Augusto Pinochet. Desde ese lugar, encabezó las operaciones exteriores del régimen.

Entre ellas figuran el atentado en Buenos Aires contra el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Couthbert. También el atentado en Roma contra el otrora vicepresidente Bernardo Leigthon, causa por la que fue condenado en ausencia.

El prófugo ex oficial dijo a la prensa que su condena por la desaparición en 1974 del estudiante Luis San Martín era "arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica".

"Si el ministro (Alejandro Solís) me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista (del Movimiento de Izquierda Revolucionaria) Luis Dagoberto San Martín Vergara está vivo y secuestrado por mí", sostuvo.

Además defendió su fuga, diciendo que el proceso judicial le reportó humillaciones que no está dispuesto a tolerar más. Según Amnistía Internacional, en Chile hay un poco más de un centenar de represores procesados y/o condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad durante el gobierno militar.