| DESTITUYEN a DOS ABOGADOS DEL JUZGADO EJECUTOR.
Jueza dice que cambios en la Anam obedecen a presiones
La administradora de la entidad, Ligia Castro, dice que la verdadera razón es la lentitud en los cobros.
| LA PRENSA/Bernardino Freire |
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José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com
La juez ejecutora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Marta López, denunció ayer que dos de los abogados que laboraban con ella fueron destituidos porque "pisaron callos" cuando hacían su trabajo dentro de la institución.
Se refiere a la secretaria judicial Vilma Córdoba y al alguacil Jorge Aguilar, quienes fueron separados de la entidad alegando que en ese despacho -que debe cobrar multas a través de la jurisdicción coactiva- se actuaba con lentitud y no se cumplían las metas.
Córdoba, contactada por este diario, secundó la versión de López, quien debe regresar a su despacho el próximo lunes tras un mes de vacaciones.
La Anam encargó del juzgado a la abogada Tania Arosemena, quien labora en el equipo legal de la entidad.
López dijo que el 7 de junio Córdoba, quien actuaba como jueza interina, y el alguacil Aguilar ordenaron el embargo de dos fincas de Teleinversiones Metropolitanas (Canal 23) como parte de un proceso rutinario y al día siguiente fueron notificados de su destitución. Dice que Olmedo Miranda, ex ministro de Estado durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, y representante de esta empresa, hizo presión ante la administradora de la Anam, Ligia Castra, para que le levantaran la medida de embargo.
Esta empresa le debe a la Anam cerca de 50 mil dólares por arrendamiento de un sitio en el volcán Barú destinado a antenas de televisión. El litigio, incluso ha llegado hasta la Corte, porque la empresa alega que el juzgado se extralimitaba en sus funciones. No obstante, hubo un fallo favorable a la Anam de parte de la Corte Suprema de Justicia.
José Alberto Álvarez, abogado de Canal 23, dice que es cierto la existencia del litigio. Sin embargo, niega que Miranda haya hecho presión.
En tanto, Ligia Castro dice que nunca ha actuado por presiones o razones políticas. Insistió en que los cambios obedecen a las deficiencias en los cobros de parte del juzgado.
Pero la jueza plantea que el año pasado la meta era recuperar 60 mil dólares y logró 83 mil, lo cual -según ella- sustenta que no había fundamento para hacer los cambios.
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