MARÍA CHIQUITA.la anam aprobó el estudio de impacto ambiental.

El muro que partió Playa Blanca

La empresa Tropical Marina construye un muro de contención sobre la playa.La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena.

AGUA SALADA. Trabajadores hasta la rodilla en agua del mar llenaban sacos de arena para construir un dique que sirva de contención para la construcción del muro.854048

Un muro de 2.50 metros de altura y 20 centímetros de ancho con concreto reforzado se construye sobre Playa Blanca, en la comunidad Mechi, en María Chiquita de Colón sin que haya una concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La empresa Tropical Marine, que construye el muro como parte de la primera etapa de un proyecto turístico que incluye una marina, cuenta con un permiso del Municipio de Portobelo, pero el alcalde Carlos Chavarría alega que el aval que él otorgó es solo para construir una cerca frente a la calle y no en la playa.

Tropical Marine es presidida por el danés Niels Sundel. El proyecto originalmente consistía en cuatro cabañas, pero según uno de los representantes de la empresa, Andy Dinger, el diseño ha sido modificado y ahora construirán dos edificios para hotel con 52 habitaciones, y una marina.

"Tenemos todo aprobado, lo único que nos hace falta es que la AMP emita la resolución en donde se nos otorga la concesión". dijo Dinger.

La oficina de relaciones públicas de la AMP, por su parte, informó que en estos momentos está en trámite un permiso provisional que se otorga por un año para que el solicitante, en este caso Tropical Marina, pueda recibir los permisos de las demás instituciones. La concesión de uso de mar y ribera marina fue solicitada el 8 de julio de 2005 a la AMP.

El documento, que a juicio de Dinger valida la construcción del muro, es un permiso del Municipio de Portobelo emitido el 17 de julio de 2006 por el alcalde Chavarría y que tiene vigencia por un año. En una entrevista telefónica, Chavarría dijo a este diario que ese permiso es solo para la construcción de una cerca frontal que ya fue edificada.

El problema –se defiende Dinger– es que parte de los terrenos fue cubierta de arena de la playa y las personas consideran que es una playa pública, pero no lo es porque forma parte de una finca privada. "Nosotros estamos construyendo una servidumbre de 1.50 metro para permitirles a las personas bajar al área de mar y a la playa que está al lado del terreno, y que no será dada en concesión", dijo.

Como el terreno de la empresa está muy cerca del mar, se construye el muro para proteger los trabajos de construcción del hotel y también servirá de contención para el sótano de uno de los edificios, explicó.

Los argumentos de Dinger no convencen al presidente del Consejo Municipal de Portobelo, Ramón Herrera, quien el pasado 24 de abril hizo una inspección al lugar y pidió a la Dirección de Catastro de Colón empezar una investigación sobre la legalidad o no de ese muro.

"Ese muro se construye ilegalmente porque está impidiendo el acceso a la playa", dijo.

Osvaldo Chavarría, director de Catastro de Colón, confirmó la solicitud del Consejo y afirmó que para los próximos días tiene planeado hacer la inspección.

Lo cierto es que la empresa ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para la primera etapa del proyecto. En estos momentos la Anam hace la evaluación del EIA para la segunda fase, que es la construcción de la marina.

El concejal Herrera y el director de Catastro, Chavarría, esperan a más tardar la otra semana para hacer la inspección y determinar la legalidad o no del muro.

ENFOQUE
Algunas cosas no están a la venta

OPINIÓN. Las playas y costas de Panamá valen mucho. De hecho, valen tanto que no tienen precio: la Constitución prohíbe su venta y garantiza que las costas sean de todos. Los manglares y pantanos costeros, así como las playas de arena y los arrecifes de coral son de importancia estratégica para la nación y las economías locales. Pero estos lugares están siendo usurpados y destruidos a lo largo del país, de maneras diferentes

.Los promotores de grandes proyectos y los especuladores conocen muy bien el alto valor de los terrenos costeros, y es normal que intenten privatizarlos. Por eso se supone que tenemos a las autoridades, que al tiempo que deben fomentar el desarrollo sano de nuestros activos nacionales, son responsables de protegerlos y de asegurar su carácter público. Desgraciadamente el caso de Playa Blanca, en Mechi, no es único en Panamá.

El auge inmobiliario que vivimos ha sobrepasado las normas actuales y la capacidad reguladora del Gobierno. Sumado a esto, las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a empresas gigantes, en detrimento de los pobladores locales y de pequeños emprendedores, que son precisamente los únicos que pueden asegurar la conservación de nuestras costas ante la actual vorágine saqueadora.El autor es biólogo y editor de Almanaque Azul