ARMAS QUÍMICAS.

El que contamina paga

Hay un dicho castizo que nos dice que "las cosas de palacio andan despacio", otro tanto se puede afirmar acerca de la diplomacia. Por ello, celebramos positivamente las declaraciones efectuadas por las altas autoridades encargadas de nuestras Relaciones Exteriores de que se aprovecharía la visita del subsecretario de Estado de Estados Unidos para plantear las justas reclamaciones que nuestro país tiene pendiente sobre el tema del armamento químico abandonado por terceros Estados en nuestro territorio nacional.

Lamentablemente, y a tenor de las declaraciones efectuadas por el subsecretario Negroponte, dichas conversaciones no se lograron concretar.

Como sea, vale la oportunidad perdida para que el Gobierno eleve este asunto a la categoría de "tema de Estado" e inicie, por tanto, un necesario debate con toda la sociedad panameña en su conjunto, pero muy especialmente con los líderes de la oposición política, para ver de manera diáfana y concreta la manera como se abordara el mismo ya que, sin lugar a dudas, es un riesgo potencial que podría afectar la salud de la población y la seguridad nacional.

Con base a esa preocupación y teniendo presente los más altos interés de la nación, fui testigo presencial de las reuniones que se mantuvo con altos funcionarios de la OPAQ, incluido el ex director José Mauricio Bustani, por parte de altos personeros de la diplomacia panameña de la anterior administración, entre los cuales se encontraban el ex ministro Harmodio Arias, el ex secretario general Juan Méndez Salazar y el ex embajador Rolando Guevara, y que hicieron posible que una misión técnica de dicho organismo internacional determinara de manera fehaciente el abandono de armas químicas en nuestro país.

Hoy, las autoridades nacionales deben tener muy presente que al cumplirse este año el décimo aniversario de la vigencia la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) esta conlleva intrínseca una serie de obligaciones internacionales en torno a la destrucción de todas las armas químicas que un Estado posea, incluyendo las que hayan sido abandonadas por terceros Estados, con o sin su consentimiento.

En ese sentido, valga la ocasión para recordar que si bien es cierto que la CAQ recoge el principio de derecho internacional medioambiental de que "el que contamina debe pagar" no es menos cierto que dicha convención establece una excepción a ese principio cuando se estipula que siempre y cuando no haya habido un consentimiento a favor del llamado Estado "abandonante".

Así, pues, y hasta tanto las autoridades estadounidenses no se declaren responsables del abandono de las armas químicas que se encuentran en la isla San José o que los entes correspondientes de la OPAQ determinen dicha responsabilidad; la CAQ considera para todos los efectos que Panamá es un Estado poseedor de antiguas armas químicas y a el le corresponde su destrucción.

Esta es la lucha diplomática pendiente que le corresponde realizar a nuestras autoridades en este tema para evitar futuras responsabilidades internacionales y que debería culminar con un acuerdo razonado con el Gobierno de Estados Unidos que permita la destrucción de las armas químicas que han sido ubicadas, respetando al medio ambiente, pero sin la afectación de futuros legítimos reclamos que podrían suscitarse como han pretendido anteriormente las autoridades estadounidense con lo cual se afectaría nuestra soberanía nacional.

Sin lugar a dudas, las actuales circunstancias son muchas más favorables para reiterar nuestras legítimas reclamaciones al Gobierno estadounidense que las vividas en septiembre de 2001 cuando nuestro ex canciller José Miguel Alemán, de una manera patriótica, se dirigió mediante nota al ex secretario de Estado Colin Powell para remitirles el informe elaborado por la OPAQ sobre el hallazgo de armas químicas abandonadas y solicitarle sin titubeos la limpieza de la contaminación causada por el ejército de Estados Unidos en Panamá.