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Reportaje especial
Panamá, viernes 11 de mayo de 2007
 

LACRA SOCIAL.

La maldición del transporte

Roberto Carlos Velásquez

Lastimosamente tuvo que suceder una tragedia de carácter dantesco para que el Gobierno se inmutara en tratar de buscarle una solución al problema del transporte público en Panamá. Pero, a pesar de toda la demagogia emitida por el presidente y la ministra de Gobierno y Justicia, los transportistas siguen haciendo lo que les da la gana.

A los pocos días de haber ocurrido el incendio del bus 8B-06 en el que murieron 18 inocentes, el Gobierno implementó medidas para sacar de circulación los buses que no contaran con los requisitos mínimos de seguridad necesarios para circular, por ejemplo, llantas en buen estado, extintores y salidas de emergencia. Se hicieron las correcciones, pero a las pocas semanas los buses volvieron al ruedo. El resultado: siguen haciendo lo que les da la gana y el problema continúa. Parte del problema es el pésimo estado mecánico de los buses, pero el Gobierno olvidó el principal problema del sector transporte: su desinterés por prestar un buen servicio.

Esta derrota lo único que muestra es la incapacidad para controlar a estos criminales del volante. El verdadero problema radica en el hecho de que cualquier individuo, por más maleante que sea, se puede dedicar a prestar un servicio público.

Hablando de manera objetiva debemos aceptar que la mayoría de estos llamados "profesionales de la conducción" son individuos con un nivel de escolaridad, cultural y de urbanidad sumamente básicos, razón por la cual no tienen ni el conocimiento ni la educación ni el sentido común ni la decencia, ni mucho menos el deseo de prestar un servicio de calidad.

¿Cómo es posible que existan transportistas con saldos pendientes de boletas que ascienden a sumas exorbitantes? Buseros y taxistas con cientos y miles de dólares en boletas son los que tenemos prestando servicios de transporte en Panamá. ¿Cómo es posible que ni el director del Tránsito ni la Ministra de Gobierno y Justicia traten de buscar soluciones reales?

En Panamá, la licencia de conducir tiene una vigencia de 4 años. Para la licencia profesional, el aspirante debe: tener 25 años de edad; presentar un certificado de buena salud, el cual es fácilmente obtenido y alterado en cualquier clínica privada; un examen antidopaje, el cual puede ser fácilmente alterado; un examen psiquiátrico, el cual también puede ser obtenido en cualquier clínica privada, entre otros requisitos. ¿Por qué no se pide un récord policivo? ¿Es que acaso usted, señor lector, se merece que un delincuente nos preste un servicio público? Lógicamente, a los gobernantes les es totalmente indiferente este problema, ya que no son ellos los que viajan en "diablo rojo".

Para poder reducir el problema del transporte y con el fin de "sanear" al pésimo "recurso humano" que se tiene en los buses y taxis en Panamá, considero que el Gobierno debe tomar medidas ejemplares. Por ejemplo, las licencias profesionales para transportistas deben tener una vigencia de solo un año. De esta manera, el Tránsito tendría la certeza de que aquellos transportistas, para poder seguir operando, deben pagar sus boletas a tiempo antes de poder renovar la licencia.

Además, al momento de solicitar la renovación de la licencia, los transportistas deberían presentar un certificado de cobertura de daños a terceros por un monto de por lo menos $20,000.00 debidamente emitido por una compañía aseguradora reconocida y con una vigencia por el mismo período (1 año). El costo de esto no asciende ni siquiera a $150.00 anuales.

La presentación de este requisito debe ser fundamental para la renovación de la licencia profesional.

Referente al nivel de urbanidad, de escolaridad y cultural al que hacía referencia, debemos entender que la "conducción" es un arte para unos y una profesión para otros. Se le debe exigir a los transportistas un nivel de escolaridad de por lo menos secundaria. Tenemos transportistas que a duras penas saben escribir su nombre y un requisito fundamental para obtener cualquier licencia de conducir, según el Reglamento de Tránsito, es saber leer y escribir el idioma español.

Lo otro se refiere al hecho de que no deben existir profesionales de la conducción que hayan sido penados por delitos tales como homicidio, violación carnal, delitos relacionados con el narcotráfico, secuestro, etc. ¿Debe una señorita tomar un taxi conducido por un violador? La respuesta es NO; por ende, se debe exigir récord policivo y de antecedentes penales a los aspirantes.

Otra medida ejemplar para frenar los malos hábitos de conducción de estos individuos sería la de incrementar el costo de las boletas para los transportistas. Por ejemplo, que el costo de una boleta sea aumentado desde una sexta parte hasta la mitad si la infracción fuese cometida por un transportista.

Me indigna que el Gobierno no tome medidas ejemplares. Pero nosotros, el pueblo panameño, debemos aceptar ciegamente que nuestros gobernantes no van a tomar medidas hasta que se vean seriamente afectados. A nuestros gobernantes nada los conmueve, y ojalá que no llegue el día en que algún familiar de los más altos funcionarios sea víctima de la irresponsabilidad de un "diablo rojo" para que luego, entonces, tomen las medidas necesarias para erradicar esta lacra social.

El autor es licenciado en finanzas y estudiante de derecho y ciencias políticas



 
 
 
 
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