Canal. el caso fue presentado ante el MEF en mayo de 2006.

Industria marítima: Corte admite recurso legal sobre denuncia de bien oculto

Los denunciantes alegan que la ACP dejó en en reserva 206 millones de dólares y no los reportó.

El Estado alega que no puede haber bien oculto en la ACP porque es 100% estatal.

LA PRENSA/Wilfredo Jordán

REGLA. La Constitución establece que la ACP traspasará los excedentes económicos al Tesoro Nacional, una vez cubiertos los costos de operación, inversión, funcionamiento, modernización y ampliación del Canal. 843049

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de nulidad presentado por Humberto Ricord y solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que explique la razón por la cual rechazó la denuncia de bien oculto interpuesta contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Ricord representa a un grupo de cinco personas que presentó ante el MEF una denuncia de bien oculto por 206 millones de dólares en mayo de 2006, meses antes de que se realizara el referéndum para la ampliación del Canal.

Según la denuncia de Ricord y otros cuatro miembros del Frente Panamá Soberana (FPS), la ACP estuvo reteniendo ilegalmente fondos en sus reservas, no contemplados por los presupuestos aprobados por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo entre 2001 y 2005. El MEF, en una primera instancia, rechazó esta denuncia de bien oculto.

Los 206 millones de dólares referidos, de acuerdo con los denunciantes, fueron retenidos por la ACP en calidad de "reserva", en lugar de incorporarlos como excedentes económicos en la liquidación financiera de la utilidad neta.

La Sala Tercera, bajo la presidencia del magistrado Víctor Benavides, acogió el 15 de diciembre de 2006, el recurso de nulidad presentado por los miembros del FPS.

Como consecuencia, la Sala pidió un informe de conducta a los funcionarios del MEF. Al mismo tiempo, el magistrado Benavides le solicitó a Oscar Ceville, procurador de la Administración, una opinión sobre la demanda presentada contra la actuación del MEF.

Según una fuente judicial, los magistrados esperan la opinión del Procurador de la Administración para proceder a fallar sobre el fondo de la denuncia presentada ante el ministerio.

Los denunciantes

LA PRENSA

Demandantes. En su orden, Méndez, Chen, Ricord y Gandásegui, cuando presentaron la denuncia en mayo de 2006.

Ricord (representante legal del grupo), Luis Chen, Roberto N. Méndez, Mario A. Rodríguez y Marco A. Gandásegui han señalado que el "bien oculto de la ACP" es una "muestra de la falta de transparencia" en esa institución al igual que a nivel del Gobierno nacional.

"Lo que queremos es que haya transparencia en los fondos que maneja la Autoridad, especialmente ahora que comienza el baile de los millones destinados para la ampliación", dijo Gandásegui.

La Prensa solicitó a las actuales autoridades del MEF y la ACP su versión sobre este asunto, pero hasta el momento de cierre de esta edición no habían dado respuesta.

En 2006, el hoy ex presidente de la junta directiva del Canal y ministro del MEF, Ricaurte Vásquez, manifestó que no entendía cómo puede haber una situación de bien oculto, si el 100% del patrimonio de la ACP es del Estado.

Para Vásquez, el concepto de bien oculto consiste en que de alguna manera se ha escondido o hay algo que el Estado no tiene recogido dentro de su patrimonio, "pero aquí eso no existe". La legislación otorga al denunciante el 30% de los bienes que sean recuperados por el Estado, producto de una denuncia de bien oculto. Pero Gandásegui asegura que con la denuncia no se está buscando sacar un provecho económico, sino transparencia administrativa. No obstante, luego de la denuncia, Eloy Alfaro, uno de los 11 miembros de la junta directiva de la ACP, cuestionó la actuación del grupo. "A mí me da vergüenza y me da la impresión de que hay cazafortunas que están tratando de lograr hacerse de 60 millones de dólares que son patrimonio del Estado y de todos los panameños".

Ahora le corresponde a la Sala Tercera fallar sobre el fondo de la denuncia de bien oculto, con base en la información que recabe del MEF y del Procurador de la Administración.