| CRÍMENES.PIDEN A URIBE que PROPORCIONE INFORME.
Investigan asesinatos de sindicalistas
De acuerdo con las estadísticas, desde 1990 más de mil 500 sindicalistas fueron muertos en el país.
El fiscal Mario Iguarán participó en un coloquio en el Centro para Estudios Internacionales.
| EFE |
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| EXHUMACIÓN. El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, viajó a Washington para pedir a ese Gobierno ayuda urgente que le permita la búsqueda y exhumación de miles de desaparecidos. 843045 |
WASHINGTON, EU/AP
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, afirmó ayer, lunes, que en los contactos que realiza en Washington su mensaje sobre los asesinatos de centenares de sindicalistas es que las investigaciones apuntan a señalar como autores a los paramilitares y "desafortunadamente" a las fuerzas militares también.
En Colombia fueron asesinados 72 dirigentes sindicales en 2006, dos más que en el año previo, según la organización Human Rights Watch, que considera que el país es actualmente "la capital del mundo de la muerte de sindicalistas".
Desde 1990, más de mil 500 sindicalistas fueron muertos en el país.
Esa situación ha llevado a legisladores demócratas, bajo fuerte presión sindical estadounidense, a paralizar en el Congreso las gestiones de aprobación del tratado bilateral de libre comercio en tanto el gobierno del presidente Álvaro Uribe no proporcione informes sobre avances en las investigaciones y sanciones a los responsables.
En un coloquio en el Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS), un grupo de análisis de la capital estadounidense, Iguarán fue preguntado si en sus entrevistas con sindicalistas, activistas y legisladores iba a corroborar las sospechas de que por los asesinatos eran responsables tanto paramilitares como miembros de las fuerzas públicas.
Iguarán dijo que sin ánimo de tomar partido adelantadamente frente a las investigaciones "la respuesta nos la da lo que estamos encontrando" en las investigaciones de esas muertes y que reafirmaban esas sospechas.
Mencionó que las investigaciones apuntaban en esa dirección en los casos del profesor Alfredo Correa, asesinado en 2004; de tres sindicalistas de la firma estadounidense Drummond Co. en 2001, y de Luis Orozco Serrano, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud, en 2001.
Indicó que en ellos "los autores fueron grupos armados que actúan al margen de la ley". Dijo que en muchos de los casos encuentran la acción, en ocasión por omisión pero igualmente censurable.
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