| PUNTA CHAME. HERMANOS FONTANE RECLAMAN DERECHOS POSESORIOS.
Dos investigaciones en curso
Sin permisos de la Anam ni de la Autoridad Marítima los mangles sucumbieron ante el proyecto de Charro Espino.
José Arcia
jarcia@prensa.com
Dos especies de mangles (salado y negro) integraban parte del área de vegetación de las 38 hectáreas devastadas por Rodolfo Charro Espino, tío del jefe del Ejecutivo, Martín Torrijos. Así lo determinaron las inspecciones que adelanta la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para medir la magnitud del daño a la flora y fauna del lugar.
El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell Morán, dijo que en las inspecciones que se realizaron el viernes y el lunes pasado, se determinó igualmente que el área devastada la componen las dos fincas que adquirió Charro Espino.
Espino, a través de su empresa Corporación Playa Blanca, compró el 14 de abril de 2004 a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 29 hectáreas de zona costera a cinco centésimos el metro cuadrado. Este año la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario le adjudicó a Corporación Playa Blanca 26 hectáreas a menos de un centésimo el metro cuadrado.
Sin embargo, para los hermanos Idania y Fernando Fontane esas compras son el "despojo" de sus derechos posesorios. Ambos iniciaron un proceso de titulación de esas tierras que, según ellos, fue ignorado por las autoridades.
Ayer el abogado de Idania, Esteban López, dijo que "interpondrá todos los recursos legales que estén en sus manos" para que esos derechos sean reconocidos.
Lo cierto es que antes que Espino terminara el proceso de adjudicación de las últimas 26 hectáreas –entre octubre y noviembre del año pasado– comenzó a talar las 38 hectáreas de zona costera, y este año empezó a rellenarlas con arena de la playa de Punta Chame sin el estudio de impacto ambiental. Ayer la Anam abrió un proceso administrativo en contra de Espino y la semana pasada la comisión de Hacienda de la Asamblea, controlada por el oficialismo, inició otro por la venta en esos terrenos en menos de un centésimo el metro cuadrado.
Por ley, la administración general de la Anam puede sancionar hasta por un millón de dólares. Si se considera que el caso amerita una multa mayor se necesita la aprobación del Consejo Nacional del Ambiente, que preside el ministro del MEF. Este diario ha intentado varias veces comunicarse con Espino, pero no ha respondido llamadas. En su última declaración pública a KW Continente, Espino dijo tener todos los permisos en regla, lo cual fue desmentido por la Autoridad Marítima de Panamá.
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