PRESIDENCIA. Martín Torrijos asumió las riendas con mucha expectativa.

De promesas y otras hierbas

Las principales medidas relacionadas con el Pacto por la Justicia de 2005, están aún sin cumplir.

A la mitad del mandato de Torrijos, la Contraloría deja de estar en manos de una figura independiente.

LA PRENSA/Archivo

CAMPAÑA. Era octubre de 2003 y las encuestas de opinión vaticinaban el triunfo electoral de Martín Torrijos.837737

Tras un mes de estar sentado en la silla presidencial, Martín Torrijos tenía una popularidad del 80% de aceptación y un cajón repleto de promesas que cuatro meses antes había sido respaldado en las urnas por 711 mil 447 votos.

Era octubre de 2004, y los niveles de aceptación del mandatario solo se comparaban con los alcanzados por su copartidario Ernesto Pérez Balladares, quien 10 años antes recibió una calificación a su gestión que acariciaba el 90%.

Hoy, 30 meses más tarde de la llegada al poder, la popularidad de Torrijos sigue robusta –66% según la última encuesta de este diario– pero el cumplimiento de sus promesas no goza de la misma buena salud.

Algunos ejemplos.

El presidente Torrijos convocó a un Pacto de Estado por la Justicia, en lo que algunos calificaron como una estrategia para congelar la crisis del sistema, atizada por las acusaciones que mutuamente se hicieron algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Era el 10 de marzo de 2005 y en su discurso de ese día, el mandatario empeñó su palabra al señalar que el informe final de la Comisión de Estado por la Justicia –nacida de ese Pacto– "contendría las políticas de Estado para la reestructuración y modernización del Órgano Judicial y del Ministerio Público, su fundamentación, los lineamientos operativos así como los responsables y tiempos para su ejecución".

Dos años después, Torrijos está en mora en la puesta en marcha de uno de los compromisos adquiridos en ese Pacto: la política criminológica de Estado que, según el cronograma establecido en la citada Comisión, debió entrar en vigencia el año pasado. El responsable directo: el Ejecutivo.

En su reemplazo, el gobierno se sacó de la manga como respuesta a la criminalidad –y no antes del trágico incendio en Curundú– unas reformas legales que apuestan por nuevas medidas para ahuyentar a los delincuentes.

Al principio la iniciativa logró lo esperado: el aplauso de casi todos ante el lógico miedo al crimen. Sin embargo, con el tiempo las críticas de técnicos y especialistas en la materia han aumentado. El proyecto ya está en segundo debate de la Asamblea.

Pero el rosario de promesas no empezó allí. Tres meses antes de la creación del citado Pacto y en cumplimiento de su promesa de respetar la independencia de las instituciones judiciales, Torrijos se anotó un tanto a su favor al designar a Ana Matilde Gómez como procuradora de la Nación, una abogada sin conocida militancia política.

Sin embargo, mientras los ojos ciudadanos se centraban en Gómez, colaba como procurador de la Administración a Óscar Ceville, quien no solo salía de las entrañas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sino que demandó al Estado cuando desapareció la efímera Sala Quinta de la Corte Suprema de la que formó parte.

Dos meses antes, en octubre de 2004, el Gabinete de Torrijos acordó la separación del cargo del magistrado de la Corte César Pereira Burgos, tras aplicársele la denominada Ley Faúndes que prohíbe el ejercicio de funciones públicas a los mayores de 75 años.

Sin embargo, hasta ahora no se ha producido el relevo de Arturo Melo, presidente de la directiva del Banco Nacional de Panamá, quien hace cuatro meses cumplió esa edad.

Ahora, con el clima electoral como fondo, se produce la salida de Dani Kuzniecky de la Contraloría y la llegada, con el voto mayoritario del partido que Torrijos dirige, de un miembro de su Gabinete y militante histórico del PRD. La prometida Contraloría independiente del Gobierno, quedó en el cajón de promesas.

Un Tribunal de Cuentas que nunca llegó

En su Plan de Gobierno, la actual administración se comprometió a transformar a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas independiente. Dos años y medio después de haber llegado al poder, una propuesta que busca cumplir con ese compromiso duerme en una gaveta 16 meses después de arribar a la Asamblea Nacional, controlada por la mayoría de diputados oficialistas. El proyecto fue redactado por Dani Kuzniecky, quien dejó la Contraloría hace solo unos días.

Los entonces futuros gobernantes también anunciaron crear el Consejo Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción "autónomo". Hoy, el referido Consejo que se reúne con muy poca frecuencia, tiene un brazo ejecutor que es su Secretaría que forma parte del Ministerio de la Presidencia. Además, como lo anunció el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, "ya no investigará". Solo hará seminarios.