IMPUESTOS.

Exoneraciones y pobreza

La provincia de Colón, con su ingreso per cápita anual de B/.10,600, el más alto del país, y su índice de pobreza de 43%, obviamente no tiene una distribución equitativa de su ingreso, a pesar de los esfuerzos realizados por casi todos los últimos gobiernos. Y es que en Colón se concentran las actividades que están exentas de impuestos. Las empresas que operan dentro de la Zona Libre de Colón no pagan aranceles, ni impuestos de inmuebles, ni ITBMS. Estos impuestos ciertamente disminuirían su competitividad internacional.

Pero estas actividades tampoco pagan impuesto sobre la renta, el cual se paga después de producida la renta y no resta competitividad internacional. Las recaudaciones que el Estado recibiría, si se cobrara impuesto sobre la renta a estas actividades, podrían hacer más justa la distribución del ingreso en la provincia de Colón. Se especula que si se cobrara impuesto sobre la renta a estas actividades, las mismas simplemente declararían sus ingresos en otros países. Ya un gobierno reciente, en vista de dicha especulación, trató de establecer una especie de impuesto sobre ventas en la Zona Libre de Colón, pero en un corto plazo, no solo tuvo que eliminar este nuevo impuesto, sino también el pequeño impuesto sobre la renta que hasta entonces se cobraba a algunas empresas.

En otros países se han usado otros métodos eficientes para evitar la evasión del impuesto sobre la renta. También debe tomarse en cuenta que las empresas comerciales establecidas en la provincia de Colón no están allí por la exoneración que reciben del pago del impuesto sobre la renta, sino por la rentabilidad que les produce utilizar nuestra posición geográfica y nuestro Canal. No se han localizado ni en Guatemala, ni en Colombia, ni en la República Dominicana, ni en Costa Rica, no porque les gusta Colón, más que esos bellos países, sino porque en Colón pueden desarrollar sus actividades con competitividad internacional y rentabilidad maximizada.

Como quiera que estas actividades que no tributan tienen ingresos significativos, y los mismos forman parte del producto interno bruto (PIB) del país, la carga tributaria nacional representa un porcentaje más bajo del PIB que el de otros países de Latinoamérica. Esto lo señalan las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y le exigen a los gobiernos de nuestro país hacer reformas tributarias. Cuando estas reformas se hacen, no se aplican a las actividades exoneradas de la provincia de Colón, sino que se aplican a la clase media y al resto del país, que ya paga una carga tributaria alta.

Muchas de las utilidades exoneradas en la provincia de Colón se invierten en construcciones de nuevos edificios, los cuales contribuyen significativamente a hacer crecer nuestra economía, pero no necesariamente aseguran una más equitativa distribución del ingreso. Estas utilidades vuelven a recibir una segunda exoneración, en este caso de hasta 20 años, en el pago del impuesto de inmuebles. Esta segunda exoneración les permite realizar utilidades adicionales a promotores y compradores de bienes raíces.

También deprecia los bienes raíces que tienen más de 20 años de construidos. Estos bienes raíces que se deprecian sí tienen que pagar impuesto de inmueble, mientras que los edificios nuevos, que cada vez se aprecian más, están exonerados por periodos definidos del pago de esta tributación. Últimamente, gran parte de los que reciben la exoneración del impuesto de inmuebles son compradores extranjeros. Que vamos a hacer, si lo dice hasta nuestro escudo. Somos "Pro Mundi Beneficio": las exoneraciones para el comercio internacional y los extranjeros; los impuestos y la pobreza para los nativos.

El negocio de la construcción tiene una tercera exoneración que pasa desapercibida. El espacio aéreo es gratis y exonerado. Por consiguiente, no importa el precio que haya que pagar por la tierra, ya que el mismo se diluye en la cantidad de pisos del edificio. Lo que nadie toma en cuenta son las ampliaciones en infraestructura de calles, acueductos, alcantarillados y líneas de transmisión que esos numerosos pisos requerirán. ¿Quién pagará su costo? La clase media y el resto del país, que ya paga una carga tributaria alta.

Esta infraestructura ya comenzó a ampliarse. El llamado "saneamiento de la bahía" no es más que la ampliación del alcantarillado que ya se comenzó a construir con financiamiento del BID, con cargo a la deuda "eterna" o externa. Mientras tengamos déficits presupuestarios causados por las exoneraciones de impuestos, no podremos disminuir, sino que tendremos que aumentar la deuda "eterna". Pero esta deuda, aunque no la paguemos, no es gratis. Tenemos que pagar los intereses que causa, o sea su servicio, con los impuestos que paga la clase media y el resto del país, que paga una carga tributaria alta.

Eliminar la pobreza extrema y disminuir la pobreza en general requiere fuertes inversiones. Es necesario que todas las personas naturales o jurídicas asuman su responsabilidad tributaria. Hay que tener escuelas dignas desde Kankintú hasta Metetí. Los niños necesitan que se les asegure su nutrición. Toda la nación necesita infraestructura adecuada de caminos y carreteras, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Y todas estas inversiones cuestan y son imprescindibles para garantizar nuestra paz social y el bienestar de todas las clases que forman nuestra sociedad.

Ya hay en la América Latina varios países en los cuales no se distribuyó la riqueza equitativamente y cuyos gobernantes están hoy distribuyendo la pobreza por igual. El diario El Mercurio, de Chile, publicó en su edición del 24-03-07 que en Venezuela se contempla promulgar, antes de diciembre, una nueva y polémica ley de inmuebles, mediante la cual se expropiará la parte de las viviendas que exceda las necesidades de sus dueños. Por ejemplo, si un inmueble tiene tres dormitorios y sus dueños ocupan solo uno, se expropiarán los otros dos. Ojalá podamos tomar las medidas necesarias a tiempo para evitar que esto ocurra en nuestro país.