PECADO Y DELITO.

‘La ética es de todos’

Dando nueva vida al viejo debate sobre la separación entre la iglesia y el Estado, desde el púlpito de la Catedral de Los Ángeles el cardenal Roger Mahony acusó al líder de la mayoría en la Asamblea de California, Fabián Núñez, de defender "la cultura de la muerte".

El "pecado" de Núñez, quien se describe como católico, aunque dice no ir a misa los domingos, es ser co-autor de un proyecto de ley que permitiría a una persona en pleno uso de sus facultades mentales que sufre de una enfermedad incurable y se le pronostica un máximo de seis meses de vida obtener las medicinas que solo él podría utilizar para tener una muerte digna.

En la Asamblea, los opositores a la medida han intentado desprestigiarla aduciendo que el paciente bien podría darse un tiro para evitar que el Estado participe en el crimen y varios médicos han declarado que su ética les impediría asistir en un suicidio.

El argumento central de Mahony contra el proyecto de ley es que la decisión de morir no les corresponde a las víctimas sino a Dios. Pero su incendiario sermón ha sido visto como un acto que violenta la separación entre la iglesia y el Estado. Una cosa es estar en desacuerdo con un proyecto de ley y otra distinta es demonizar, con nombre y apellido, a un líder político presentándolo ante la ciudadanía como promotor de "la cultura de la muerte".

El término, en realidad, fue acuñado por Juan Pablo II en su Encíclica Evangelium vital, en la que describe como perversa la libertad que permite a una mujer decidir no embarazarse o terminar temprano con un embarazo; a un enfermo obtener asistencia para morir dignamente; a un científico hacer investigaciones sobre células madre o al Estado aplicar la pena de muerte.

Y es la misma doctrina que da sustento a la objeción de la iglesia mexicana al proceso para despenalizar, bajo determinadas circunstancias, el aborto en la ciudad de México. Según el cardenal Norberto Rivera, es inmoral recurrir al aborto en cualquiera de sus formas, recomendarlo o colaborar con él y quien lo hace "es cómplice de una acción gravemente inicua".

Nadie discute el derecho de los católicos de hacer públicas sus creencias y propiciar un debate público. El problema es caer en lo que con gran lucidez Patricio Dobrée y Line Bareiro han llamado la trampa de la moral única.

Basta ya de convertir en delito lo que para la Iglesia católica es pecado. El Estado debe recuperar su laicidad y permitir que cada persona tenga el derecho a decidir qué hacer con su cuerpo y su vida; a elegir en qué creer; a manifestar su cultura sin ser discriminada; a contemplar un abanico de opciones éticas y religiosas sin que nadie le imponga un monopolio moral.

Si el argumento de la iglesia es la preservación de la vida humana, la prohibición de los métodos anticonceptivos carece de justificación. Como ciudadana de un Estado laico, la mujer tiene derecho a tener relaciones sexuales sin correr el riesgo de quedar embarazada. Con el condón y el uso masivo de la píldora anticonceptiva, como señalan Dobrée y Bareiro, "la posibilidad de separar el placer sexual de la reproducción dejó de ser un privilegio masculino".

Al Estado le corresponde prevenir la diseminación del VIH/Sida; proveer información sexual a los jóvenes; despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones; proteger la libertad sexual de las personas y evitar cualquier violación al derecho a morir con dignidad.

"La ética," ha escrito Fernando Savater, "se distingue de la religión en su objetivo (la primera quiere una vida mejor y la segunda algo mejor que la vida) y en su método (la primera se basa en la razón y la experiencia, la segunda en la revelación). La ética es cosa de todos, mientras que la religión es cuestión de unos cuantos, por muchos que sean: las personas religiosas también tienen intereses éticos, mientras que no todo el que se interesa en la ética ha de tener intereses religiosos".