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Reportaje especial
Panamá, miércoles 11 de abril de 2007
 

MINISTRA DE GOBIERNO Y PROCURADORA DEFIENDEN PROPUESTA.

Critican proyecto sobre criminalidad

La magistrada Esmeralda de Troitiño rechazó duramente las reformas a la Ley 40 sobre menores.

LA PRENSA/Maydée Romero
ALERTA. Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana, recomendó no aumentar las penas a los menores.833457
José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

Duras críticas recibió el proyecto que impulsa el presidente, Martín Torrijos, en el segundo día de discusiones que realiza la Comisión de Gobierno de la Asamblea.

Esmeralda de Troitiño, magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia; Roxana Méndez, de Casa Esperanza o Jorge Giannareas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia fueron algunas de las voces críticas al proyecto.

Además, el diputado panameñista José Isabel Blandón criticó la metodología de discusión del proyecto, ya que ni el Ministerio de Gobierno y Justicia ni el Ministerio Público presentaron estadísticas que sustentaran las reformas propuestas.

Otro opositor al proyecto fue el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista Wigberto Quintero, quien realizó un gran número de preguntas a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, y a la procuradora Ana Matilde Gómez, defensoras del documento.

Con relación al aumento de las penas a los menores, Magaly Castillo citó un informe de septiembre de 2006 hecho por una comisión interinstitucional, que recomendó no aumentar las penas. "No comprendo cómo se perdió la brújula [...] no puede ser que por culpa de un fuego en Curundú se pierda todo ese esfuerzo", sostuvo.

Por su parte, la magistrada Troitiño criticó duramente la propuesta de enviar a los menores detenidos al sistema penitenciario, tan pronto cumplan los 18 años. "Teniendo en cuenta la edad en que suelen delinquir, todos terminarán en las cárceles donde no hay programas de resocialización", explicó.

La directora de Casa Esperanza criticó además que se pretenda pasar los centros de detención de los menores al sistema penitenciario.

La activista también se quejó de que la Policía Nacional haga constantemente comentarios de que tienen que dejar libre a los menores porque la ley no les permite ir más allá. "Se vende la idea de que son impunes, y eso es grave", añadió.



 
 
 
 
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