| EL MALCONTENTO.
Absurda seguridad
Paco Gómez Nadal
Cuando la demencia y la demagogia se encuentran el resultado es devastador para una sociedad. En general, nuestros países son especialistas en síntomas, pero no en enfermedades; tienen pericia para maquillar, pero no para operar; están llenos de declaraciones grandilocuentes y leyes innecesarias, pero huérfanos de ideas brillantes y aplomo en momentos cruciales.
En El Salvador se han promulgado leyes que identifican como pandillero a cualquiera al que se le ocurra tatuarse el nombre de la madre en el brazo y que permiten detener sin orden judicial a cualquier muchacho que vista o se mueva diferente. En Honduras es similar. Igual en Guatemala. De nada ha servido. La represión del fenómeno pandillero ha generado más pandillerismo. La generalización absurda e injusta que convierte en "supuestos" pandilleros a la mayoría de los jóvenes de barrios pobres solo ha servido para engrosar las filas de estos grupos urbanos que, al menos brindan protección e identidad, algo escaso en nuestras sociedades.
Panamá debería aprender de los errores ajenos. La prosperidad del país está dejando a miles de excluidos que no encuentran su lugar en una sociedad demasiado preocupada en ganar plata y en mantener la seguridad de la clase media y alta.
No se trata, como piensan muchos, de mantener a los pobres más o menos alimentados, asistiendo a una escuela y durmiendo bajo un techo decente. Eso vale para poco. Las soluciones llegarán con la inclusión real de todos los panameños, con oportunidades reales de realización laboral pero, ante todo, personal, con barrios amigables donde caminar o jugar no sean deportes de riesgo que se desarrollan entre carros veloces o balas sin dirección.
Pero la reacción social y oficial al incendio de Curundú ha sido la fácil, la demagógica, la egoísta. No se ha buscado la seguridad de los vecinos de Curundú, ni la mejora de su calidad de vida. Lo que se ha propuesto y lo que se ha hecho estaba destinado a tranquilizar a los ciudadanos de clase media aterrorizados siempre ante la palabra inseguridad.
Las inútiles, inhumanas y llamativas redadas de la Policía estaban destinadas a ser titular de medio para demostrar a quien no vive en Curundú que tenemos a los "malos" controlados y los "malos" son todos. El mensaje es que todos los jóvenes de ese barrio son pandilleros y que no se les puede judicializar porque nos hacen falta leyes que traten con mano dura a los delincuentes menores de edad. El segundo mensaje es: el mal es externo, si cerramos un poco nuestras fronteras y controlamos a los visitantes, todo mejorará. El tercero es: mejor las cárceles llenas de muchachos que se forman dentro como delincuentes que tener a jóvenes en riesgo en la calle y tener que pensar en programas reales que los alejen de la delincuencia.
Todo es una gran mentira y no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta. Para que esta mentira funcione, eso es cierto, no basta con el encomiable esfuerzo del Gobierno. Los medios de comunicación han jugado un papel clave: "detienen a 43 pandilleros", rezaban los titulares sin dudar ni por un segundo de esa afirmación.
Detuvieron a 43 jóvenes, seguro que algunos eran pandilleros, pero no podemos saberlo si no hay causas en su contra.
En la radio y en los medios impresos se escandalizaban los opinadores de todo de que hubieran liberado a 40, sin preguntarse por los derechos violados ni por el carácter mediático de los operativos.
Imaginemos por un segundo que solo uno de esos 43 jóvenes no fuera pandillero. En su barrio lo han visto detener, esposar, subir a una patrulla y desaparecer por dos días. Quedará marcado como pandillero aunque no lo fuera. ¿Quién lo va a compensar por daños a su nombre?, ¿quién responderá por la violación a sus derechos fundamentales?, ¿lo harán los diputados que han defendido a capa y espada los artículos que protegen el honor de los honorables?, ¿o lo hará la ausente ministra de Desarrollo Social en conjunto con la procuradora y el superjefe de la Policía?
Como ciudadano, quedo con la sensación de haber sido estafado y con la mala conciencia de haber visto el espectáculo policial desde la grada permitiendo que a otros vecinos los irrespeten, los estigmaticen y los utilicen.
Como ciudadano, exijo acciones contundentes del aparato de seguridad pero, ante todo, espero un plan de acción social y preventivo que dé la mano a los miles de jóvenes panameños que quieren tener un futuro a pesar de que se lo negamos cada minuto.
Como Malcontento, sé que lo que pido no se cumplirá y que algunos lectores simplemente pensarán que perdí la cabeza. Para ellos, solo una reflexión, imaginen por un momento que sus hijos fueran los detenidos, los marcados como escoria encarcelable. Piensen que a los 16 años el futuro de un hijo suyo quedara castrado de por vida. Probablemente, entendería mejor que las leyes encarceladoras solo sirven para tranquilizar al otro, pero no para salvar a este.
El autor es periodista
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