DERECHOS HUMANOS.Los costos del desarrollo urbano también son cuantiosos para los más pobres.

CIUDAD
Punta Pacífica: lo amargo del progreso

La desaparición de La Playita y el surgimiento de Punta Pacífica ejemplifican los costos del desarrollo.

Los residentes de Boca La Caja esperan resignados una oferta justa por sus lotes y casas para irse al área rural.

Una anciana residente de San Sebastián mira con resignación cómo la amurallan los condomi- nios que se construyen en Punta Pacífica. 822367

Todo progreso trae sus costos y todo desarrollo, sus daños y perjuicios. Esta es la constante que están viviendo muchas familias que, por cosas de la vida, les corresponde vivir en un sector que es tocado por la varita mágica de la inversión inmobiliaria o turística y deben sufrir los rigores de cambio.

Los corredores

En 1998, a raíz de la construcción del Corredor Sur por la firma mexicana Ingenieros Civiles Asociados, S. A., se inició una "cacería" de tierras aledañas a la ruta de esa autopista, so pretexto de ser necesarias para su eficiente operación.

En la mira quedaron La Playita, San Sebastián y Boca La Caja, todas del área costera del corregimiento de San Francisco, habitadas por familias pobres, en buena parte pescadores, obreros y empleadas domésticas, muchas de las cuales nunca legalizaron su permanencia.

La construcción del tramo marino llegó bajo el signo de un progreso que no podía detenerse. Iba a mejorar la circulación vehicular en la capital, y se llevó "por delante" a La Playita y partió en dos a San Sebastián. Ahora, en el área de La Playita y sus alrededores se levantan elegantes y costosos rascacielos.

Si bien los promotores no han podido desalojar con sus presiones a las familias de Boca La Caja ni a las de San Sebastián, las ofertas para comprar sus terrenos corren a diario entre los callejones del barrio.

Otro ejemplo es la segunda fase del Corredor Norte, en San Miguelito. Aquí los conflictos siguen sobre la mesa. Primero fue en Cerro Batea, donde la muerte de dos niños, mientras jugaban entre las obras del proyecto conmovió a la ciudadanía; luego, los reclamos de las familias de La Castellana, quienes se sienten timados en sus intereses debido a que un acceso del Corredor Norte afectará su barriada.

¿Cuál desarrollo?

Todos los promotores y diseñadores de proyectos, incluyendo ICA y Pycsa, Mallol & Mallol, Mosack, Abadi, Moses, Pasco y muchos más, sostienen que la inversión no puede parar su marcha.

Lo contrario sería frenar el progreso y el desarrollo urbano. Además, las inversiones programadas incrementan el valor de la tierra, aportan estética y elevan la categoría de la ciudad.

Sin embargo, Raisa Banfield, arquitecta y ambientalista, no tiene la misma opinión. Para ella, al igual que para sus camaradas del grupo Alianza Pro Ciudad, no puede practicarse un desarrollo vial ni urbanístico si se reduce la calidad de vida de los grupos humanos que habitan el área, o a costa de la degradación o destrucción del medio ambiente.

Banfield advierte que si el gobierno del presidente, Martín Torrijos Espino, promueve un desarrollo urbano y turístico, no puede ser basado en el sacrificio del desarrollo humano y sostenible. Ante tal tendencia, se impone la necesidad de la consulta ciudadana para evitar los abusos.

La opinión del público

La encuesta de la firma Dichter & Neira, realizada entre el 9 y el 11 de febrero pasado, reflejó que el crecimiento inmobiliario, traducido en el aumento de la construcción de casas y apartamentos, afectó a las familias de diversa forma.

Si bien el 23.6% rechazó haber sufrido algún perjuicio, un 15% se quejó de que ahora escasea el agua potable; otro 15% señaló que la inseguridad y los robos han aumentado; el 12.7% considera que ahora se ha desmejorado la reco-lección de la basura; el 11.8% se queja del exceso de ruido en la calle; el 11.6% está molesto por el aumento del tráfico vehicular en la barriada; otro 5.6% confiesa que perdió privacidad en su hogar; el 3.3% enfrenta ahora contaminación visual y el 2.7% afirma haber sufrido otros perjuicios.

La consulta se hizo en ocho provincias, a mil 224 hombres y mujeres adultos, en ciudades y áreas semirrurales. Su margen de error es más/menos 2.9% y un grado de confianza del 95%.

Victimizados

Para el año 2000, La Playita solo tenía 18 viviendas y 34 habitantes, pero estas desaparecieron al poco tiempo por el desarrollo de Punta Pacífica más que por el Corredor Sur.

Boca La Caja se ha mantenido firme con sus 642 casas y 2 mil 99 almas. San Sebastián no perdió muchas viviendas por la irrupción del viaducto de Las Esclavas y conservó 394 hogares con mil 566 habitantes.

Pero Luis Enrique Salazar, quien tiene más de 40 años de vivir allí, dice que los perjuicios sufridos van desde inundaciones por obstrucción de drenajes pluviales y sanitarios, peligro por caída de materiales desde las torres en construcción, ruido excesivo y mucho polvo del flujo vehicular.

Otros, como Mauricio Argüelles, aducen que estas moles les impiden la libre circulación del viento.

Ofertas irrisorias

Las impresionantes construcciones erigidas al lado de un caserío humilde como San Sebastián y las que se están levantando a un costado de Boca La Caja han deprimido la autoestima antes alegre de sus pobladores.

No solo Salazar y Argüelles y otros sienten que ya nada tienen que hacer allí y que solo esperan la oportunidad para vender.

Dionisio Martínez, de 40 años, y quien nació en Boca La Caja, al igual que Aurelio Moro González, un viejo pescador, admiten que llegará el momento de irse.

Sin embargo, no entregarán sus casas y lotes tan fácilmente como pasó con los vecinos de La Playita, que vendieran por poco dinero sus tierras y casas y en su lugar ahora han plantado millonarios condominios.

"Vamos a esperar una oferta más justa que nos permita tener la misma calidad de vida que vamos a perder aquí", dijo González. Por ahora, las ofertas no han pasado de 850 dólares por metro cuadrado, lo que tachan de "irrisorio" para los precios actuales.

En el sector de San Sebastián, por estar mejor ubicados y contiguos a Punta Pacífica, las ofertas que corren llegan a mil 300 dólares el metro cuadrado.

El Estado es el responsable por no planificar

Dado que la vivienda es un derecho fundamental del ser humano, es el Estado el responsable de garantizar y proteger a la población y brindarle las condiciones necesarias para que puedan vivir las familias, estima Maribel Jaén, directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica. Para la rectora de esta organización defensora de derechos humanos, el desarrollo ha llevado a que muchas familias queden desamparadas y en estado de vulnerabilidad.

Advierte que el desarrollo debe tener como centro al hombre y no solo a la tecnología y a ciertos sectores de inversión.

"Lamentablemente, dice, el traslado que se está haciendo de las poblaciones está afectando a las familias, ya que las condiciones de vida se desmejoran". Jaén consideró que el Estado debe establecer medidas de planificación urbana que garanticen una armonía con el ambiente y una buena calidad de vida. Como resultado de estos traslados, afirmó que las familias afectadas no tienen un buen acceso a agua potable, a calles y hay contaminación del ambiente por exceso de flujo vehicular. Sobre el cuestionado "turismo residencial" en áreas como Bocas del Toro y Boquete, opinó que el Estado no está haciendo lo suficiente para proteger a esas poblaciones. "Hay un supuesto desarrollo que está abriendo las puertas a inversionistas extranjeros frente a la reducción de la calidad de vida de los panameños". No obstante, insiste en que el ente responsable es el Estado, el cual permite un crecimiento desorganizado. Esto, subraya, está llevando a una emigración de poblaciones y aumentando los niveles de escasez que se reflejan en bolsones de pobreza urbana. Recuerda muy bien que el presidente, Martín Torrijos, prometió en su campaña que lucharía para reducir la pobreza en cumplimiento de uno de los Objetivos del Milenio. Por ello, la Comisión transmitió estas preocupaciones a los ministros de Vivienda y Obras Públicas, al alcalde capitalino y al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, pero nada cambia.

LOS ELEMENTOS DEL PROGRESO

.PLANIFICACIÓN: Antes de empezar un desarrollo urbano se debe tomar en cuenta el impacto en la población y en el medio.

.TUTELA: El Estado debe proteger la familia y garantizar la vivienda. No obstante, este deber cons- titucional se incumple.

.DERECHOS: Las familias afectadas por desarrollos urbanísticos tienen dere- cho a una compensación justa que les devuelva la calidad de vida perdida.

.AMBIENTE: Ningún tipo de inversión urbana o turística debe realizarse a costa del desarrollo humano y sostenible.