| crisis.una turba atacó a diputados.
Siguen las agresiones en medio de pugna política
Los vehículos de dos diputadas destituidas y un equipo de noticias fueron atacados por manifestantes.
En Quito y Guayaquil tuvieron lugar marchas en favor de la Asamblea Constituyente.
| EFE/José Jácome |
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| Rafael Correa821235 |
QUITO, Ecuador/DPA
Nuevos incidentes se produjeron ayer en medio de la pugna política entre el Congreso unicameral y el Tribunal Electoral de Ecuador, cuando una turba de manifestantes agredió con piedras a dos diputadas destituidas de sus funciones, Gloria Gallardo y Silka Sánchez, según reportó la cadena de televisión Ecuavisa.
Los vidrios de los automóviles de las legisladoras fueron rotos por los manifestantes que exigían que los diputados cesados en sus funciones dejen sus cargos, mientras un equipo de televisión de una cadena local también sufrió daños.
La Policía reprimió a los agresores con bombas lacrimógenas, mientras en Quito y Guayaquil se celebraron marchas pacíficas en apoyo a la Asamblea Constituyente con plenos poderes, de iniciativa del gobierno.
El diputado Federico Pérez presentó ayer su renuncia tras haber sido destituido con otros 56 legisladores la semana pasada por el Tribunal Electoral que los acusó de obstruir el desarrollo de la consulta popular para dar paso a la Constituyente.
Pérez, del partido del magnate bananero Álvaro Noboa, quien perdió las elecciones presidenciales, prometió que no volverá a participar en política y criticó la actitud de opositores y gobiernistas en esta crisis.
El Tribunal Electoral se mantuvo hoy reunido para analizar posibles sanciones a un juez de la provincia costera de Manabí por acoger un pedido de amparo a favor de los diputados destituidos.
Ecuador atraviesa una crisis política en la que no se plantean aún soluciones claras.
El Congreso removió la semana pasada al presidente del Tribunal Jorge Acosta, por convocar para el 15 de abril a la consulta popular sin someter a análisis parlamentario el estatuto que envió el gobierno para el efecto.
La decisión no fue acatada y en respuesta, el Tribunal, en un acto sin precedentes, destituyó a 57 de los 100 diputados del Congreso, y ordenó que sus suplentes los reemplacen.
Desde entonces la sede legislativa se mantiene custodiada por la Policía.
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