| ASAMBLEA. SE DEJA DE LADO RECOMENDACIONES DEL PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA.
Aprueban nuevo Código Penal
La procuradora, Ana M. Gómez, pedirá el veto presidencial a los artículos que sancionan la corrupción.
El diputado oficialista Jerry Wilson negó que se habían aprobado rebajas en las penas de algunos delitos.
| LA PRENSA/Ana Rentería |
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| DEBATE. Raúl Rodríguez se queja de la crítica de los medios de comunicación.817723 |
José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com
Tras dos meses de accidentadas discusiones, la Asamblea aprobó ayer un nuevo Código Penal que, de recibir la sanción presidencial, empezará a regir un año después de su promulgación con penas reducidas para los delitos contra la Administración Pública.
En el tercer y último debate, el diputado oficialista Jerry Wilson defendió el proyecto elaborado por la comisión codificadora de la que fue parte.
"Constituye un avance extraordinario en la sistematización de las penas", sostuvo.
"Hay quienes critican que rebajamos las penas por delitos contra los funcionarios y eso es falso", afirmó Wilson.
Sin embargo, una comparación entre las normas vigentes y lo aprobado contradice tal afirmación.
Por ejemplo, el delito de corrupción de servidores públicos (artículo 339) fue aprobado con una pena de prisión de dos a cuatro años, mientras que en el Código Penal vigente existe un agravante que aumenta la pena hasta seis años, cuando "lo recibido tenga como fin retardar u omitir un acto inherente a sus funciones".
La rebaja también se evidencia en que la sanción aprobada en primer debate para ese delito era de cuatro a diez años de prisión.
Lo mismo se produce para el caso del delito de corrupción de funcionarios judiciales o para el enriquecimiento injustificado.
Con relación al delito de falso nombramiento o "botellas", la pena aprobada es de 150 a 300 días multa o trabajo comunitario.
En tanto, el delito conocido como prevaricato de funcionarios judiciales, que fue una nueva figura delictiva aprobada desde la Comisión Técnica del Pacto de Estado por la Justicia e incluida en la propuesta original, fue eliminado.
El presidente de la Comisión de Gobierno y quien dirigió el proceso de aprobación del nuevo Código Penal, Raúl Rodríguez, calificó de productivas las sesiones extraordinarias.
"Los medios critican solo cinco artículos del proyecto que les afectan y no hablan del resto de los 400 que integran el proyecto", sostuvo Rodríguez, ante un pleno casi vacío y compuesto en su mayoría por suplentes.
En tono de evidente disgusto por las generalizadas críticas a su gestión, Rodríguez comentó que "la ley no es para un solo gremio sino para toda la población panameña".
Finalmente, al sostenido rechazo al proyecto por parte del diputado panameñista José I. Blandón, se sumó ayer el de la diputada Mireya Lasso.
"Quiero que conste en acta que mi voto es en contra, porque se hizo caso omiso a las propuestas de modificación presentadas por la sociedad civil", pidió Lasso.
La diputada opositora afirmó que la norma que obliga a conceder la casa por cárcel a las personas mayores de 70 años, "tenía nombre".
Las reacciones
Tras conocerse lo sucedido, la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, anunció que solicitará al Presidente de la República que vete el proyecto en lo relativo a los delitos contra la Administración Pública.
Por su parte, el ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares dijo no entender el razonamiento que privó para reducir las penas por los delitos contra la Administración Pública.
Con relación a los artículos que rechazan los periodistas, Pérez Balladares citó su intento fallido por despenalizar la calumnia y la injuria. "Se generó una oposición que motivó incluso que el arzobispo se expresara en contra de la propuesta y terminó siendo rechazada en la Asamblea [...] creo que, como en otros países, las condenas por delitos contra la honra deben llevarse al campo civil porque no se restablece el daño castigando con cárcel a un periodista que calumnie", agregó.
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