FOTODENUNCIA Obstáculos

LA PRENSA | Demóstenes Ángel

FIRMES, PERO SOLOS | Los pernos que en algún momento sostuvieron firmes las patas de una de las bancas que adornan la Avenida Balboa se han convertido —gracias a la intervención de algún juegavivo que se la llevó— en un peligro para las personas que transitan por el área y todavía más para quienes se ejercitan antes de salir el sol porque aunque en la imagen se ven enormes, para alguien concentrado pueden pasar inadvertidos... hasta que tropiezas con ellos.

De encuestas

27 DE FEBRERO. Me refiero al título Panameños admiten tener miedo de la edición del 27 de febrero de 2007, Pag. 8A. La misma trata sobre una encuesta realizada en enero recién pasado por la firma alemana GFK y el apoyo de la Fundación Libertad, en donde se señala entre otras cosas que la percepción del 84% de las mil 200 personas (nacionales) entrevistadas es que el crimen aumenta progresivamente y por ende la inseguridad es un fenómeno real.

De ello se infiere que una de las promesas de campaña política esgrimida por el gobierno de turno, no se ha cumplido y por ende debe existir un ambiente de frustración y descontento entre los panameños.

En consecuencia, cómo se explica que en otro reciente sondeo de opinión realizado por una respetable encuestadora de la localidad se señale que el índice de popularidad del presidente Martín Torrijos, rebase el 60%. Como ciudadano sin compromiso político alguno, sugiero que para determinar la veracidad de esta confusa situación existente, la encuestadora GFK en alianza con Fundación Libertad, haga una encuesta que mirando dos propuestas, defina realmente la situación de popularidad del gobierno, pues no se concibe que existiendo un desempleo tan notorio, una galopante corrupción y críticas de la sociedad civil a los órganos Legislativo y Judicial fundamentalmente, se siga marcando la existencia de aceptación popular de la labor de nuestros gobernantes.

Guillermo Walker Franco

Cuestión de puntos de vista

24 DE FEBRERO. En relación al artículo publicado por la señora María Isabel de Alfaro acerca de lo difícil de vivir en Paitilla [Opinión, sábado 24 de febrero de 2007], estoy seguro que ustedes recibirán miles de cartas sobre el particular.

Con todo el respeto que me merece la señora en cuestión, es muy doloroso que se publique con tanta notoriedad la opinión acerca de las dificultades de quienes tienen que sufrir la "pesadilla" de vivir en la zona más exclusiva del país. Le pido a la señora de Alfaro que se de una vuelta por las barracas de Curundú, o que visite las etnias ngöbes que viven en regiones apartadas de Bocas del Toro.

Niños que sufren graves enfermedades de la piel que solo ameritan un poco de agua potable, mujeres malnutridas embarazadas tratando de conseguir un poco de agua limpia (casi toda está contaminada con residuos humanos).

El "infierno" que se describió sería el paraíso para miles y miles de panameños desposeídos. Agradezca todos los días las bendiciones que disfruta, la verdad su queja se siente como una cachetada para la miseria que se vive en nuestro país.

Javier Lombardo

Sindicatos de EU y el caso de la Ley 25

23 DE FEBRERO. Después de leer dos notas de la periodista Betty Brannan Jaén aparecidas en la edición del 22 de febrero, Sindicalistas de EU pasan revista a TLC y Arquitectura del TLC inquieta a AFL-CIO, creo que el recién acordado tratado de libre comercio (TLC) entre Panamá y Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de ser ratificado por el Congreso de Washington.

La AFL-CIO es la agrupación laboral norteamericana más poderosa, con estrechos vínculos políticos dentro del Partido Demócrata, ahora con mayoría absoluta en ese Congreso, y al igual que otras organizaciones sindicales observarán que la República de Panamá tiene un pésimo récord en el cumplimiento de sus obligaciones laborales nacionales e internacionales.Está el ejemplo del caso de la Ley 25 de 1990, una ley aprobada por la Asamblea de entonces con la que se violaron los derechos laborales de trabajadores sindicalizados y que fue avalada por el presidente Guillermo Endara y su ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón.

La Ley 25, como es harto conocido, fue el vehículo para abusos contra sindicatos estatales, obligando a los trabajadores a concurrir ante un tribunal fuera de Panamá, porque en su país no hallaron justicia.Por si fuera poco, Panamá recibió por esas violaciones una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero seis años después de haber sido dictada el Gobierno todavía sigue incumpliendo esa sentencia. Los funcionarios públicos se la pasan dándole vueltas y vueltas a los trabajadores, burlándose de ellos con engaños y más incumplimientos.

En otras palabras, en Panamá no solamente se violan los derechos laborales sino también las sentencias internacionales que exigen el respeto del Gobierno a esos derechos y el pago de la indemnización correspondiente. De eso en Washington la AFL-CIO, otros sindicatos y la mayoría demócrata en el Congreso estarán tomando nota.

Carlos A. Moreno

Sesgo

27 DE FEBRERO. Primeramente deseo felicitarlos por la publicación que están haciendo de los fascículos sobre La Biblia. Además, deseo expresar mi preocupación porque he notado hasta cierto punto un sesgo al publicar noticias. Lastimosamente, esto se está dando en todos los medios de comunicación.

Me refiero al hecho de que la semana pasada [del 22 al 24 de febrero] se realizó el Festival de la Esperanza —que reunió más de 60 mil personas— con Franklin Graham en el estadio Rod Carew, y ningún medio escrito ni televisivo publicó nada. Supuestamente son medios independientes y que respetan la libertad de culto, cosa que me suena a pura retórica porque en la práctica no lo hacen, puesto que solo publican las noticias sobre actividades de una sola profesión de fe, ignorando a los evangélicos, que somos aproximadamente medio millón en este país.

En cambio, todo el desastre y lo vergonzoso que ocurre en el Carnaval es la noticia más relevante del momento, promoviendo los antivalores y la vergüenza nacional. Claro, si en el evento hubiese ocurrido algo "malo" inmediatamente sale en primera plana y todos los noticieros lo publicarían con el clásico sensacionalismo que los está caracterizando últimamente.

Qué tristeza que los mismos periodistas que hoy exigen se respete la libertad de expresión —cosa en la cual estoy totalmente de acuerdo—, no sean imparciales y le den la misma importancia a los eventos de fe —de todas las religiones— que se realizan en el país y que mueven multitudes.

Manuel Emmén

Colegio Nacional de Abogados replica

28 DE FEBRERO. En atención al calificativo de "disparate" que le endilga Ud. [se refiere a Fernando Berguido, presidente-director de La Prensa] a la posición del Colegio Nacional de Abogados expresada en nuestro comunicado sobre los artículos 215 y 217 del proyecto de Código Penal actualmente en discusión, así como a su artículo de opinión titulado El Colegio y el Código Penal, publicado el 26 de febrero de 2007, hacemos uso del derecho a réplica que nos confiere la ley, a pesar de ser conscientes de la desventaja con que se brinda el mismo, en cuanto al lugar y prominencia para exponer el decir del afectado.

El Colegio Nacional de Abogados, con conocimiento de su responsabilidad como uno de los principales auxiliares y protagonista en la aplicación e interpretación de las leyes, participó por designación presidencial como miembro de la Comisión Codificadora, dedicando tiempo y sus mejores esfuerzos a un trabajo, que si bien considera no es la solución de los problemas que aquejan a nuestra administración de justicia, su incidencia en la misma demandaba su participación.

La participación del CNA en las reformas del Código Penal y Procesal Penal ha sido activa, permanente y responsable, a través de miembros expertos en la materia y de propuestas a lo largo de todo el trabajo realizado tanto en la Comisión Codificadora, como en la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional, haciendo un constante llamado a los colegas a la revisión y aporte para con este esfuerzo legislativo que afectará a todos.El comunicado del 8 de febrero de 2007 recoge la posición reiterada del Colegio Nacional de Abogados frente a la despenalización de la calumnia y la injuria, no de ahora, sino de siempre, respaldada por diversas dirigencias de este gremio y muy especialmente por el insigne maestro constitucionalista citado en su artículo de opinión, don César Quintero, quien además de respaldar la posición del Colegio, acudió a defenderla ante la Asamblea Legislativa, cuando se iniciaban los movimientos tendientes a despenalizar la calumnia y la injuria.

En esta ocasión, con argumentos que consideramos jurídicamente sustentables, advertimos que la propuesta contenida en los artículos del proyecto de Código, que tienden a despenalizar la calumnia y la injuria parcialmente, es decir, para el caso de los servidores públicos, puede resultar violatoria de normas constitucionales que tutelan el derecho a la honra y a la igualdad ante la ley de todas las personas que se encuentren en territorio nacional.Si la supuesta justificación para llevar adelante tal desprotección, es el abuso o errónea interpretación de la ley, el problema no es de leyes, el problema es de las personas que aplicamos las leyes y a tal incapacidad, corrupción o impunidad, es a lo que debemos prestarle atención y procurar los cambios que se requieren para su eliminación, en un esfuerzo conjunto de todos los que queremos y luchamos por un mejor país.

En este sentido debemos insistir en que, a nuestro juicio, una cosa es el periodismo libre, con acceso a la información y su derecho a divulgarla objetivamente y con seriedad, para fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y la protección de los intereses nacionales y otra la impunidad frente a las publicaciones y manifestaciones calumniosas o injuriosas, que manchan la honra de las personas sin sustentación probatoria alguna.

La advertencia que hacemos en nuestro comunicado puede que no coincida con el criterio jurídico del señor director de La Prensa y de otras personas, lo cual es común y saludable en un país que fortalece día a día más, su sistema democrático, pero corresponde a las autoridades de justicia (buenas o malas), determinar qué criterio prevalece, ya que los "juicios o decisiones judiciales mediáticas", crean inestabilidad y perjudican la institucionalidad y la paz social. Es por ello, que el tema de ser necesario lo someteremos ante la Corte Suprema de Justicia, única autoridad competente para dirimir civilizadamente nuestras diferencias en la interpretación de las leyes.

Junta directiva Colegio Nacional de Abogados
Mercedes Araúz de Grimaldo,
Presidenta