TRAS CUATRO MESES DE LA TRAGEDIA.

Cuestionan al MP por pesquisas del bus 8B-06

Mientras el Ministerio Público (MP) anunció la semana pasada que existen suficientes indicios para pedir llamamiento a juicio contra los tres acusados por el incendio del bus 8B-06, y cuando los familiares de las 18 víctimas de ese accidente exponen una querella contra la fiscal del caso, Zuleika Moore, los panameños tildan de "malas" las investigaciones realizadas por la Procuraduría tras cuatro meses del hecho, que se cumplen hoy.

Lo anterior se desprende de la más reciente encuesta realizada para La Prensa por la firma Dichter & Neira, en la que 69.9% de las mil 224 personas entrevistadas opinó que las pesquisas adelantadas por el MP, en efecto, han sido "malas".

23.5% de los encuestados, en cambio, se expresó a favor del trabajo realizado por el organismo de instrucción; al tiempo que 6.6% no supo responder o sencillamente no lo hizo. El sondeo, con 2.9% de margen de error, consideró los criterios de mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en áreas urbanas y semi rurales del país, excluyendo Darién y las comarcas indígenas.

La encuesta se difunde ante la opinión pública a pocos días de que la fiscal primera de circuito, Zuleika Moore, quien lleva el caso, anunciara que existen suficientes indicios para llevar a juicio a los hermanos Ariel y Próspero Ortega Justavino, dueño y chofer del bus respectivamente, así como al técnico Edwin Jiménez, quien está acusado de realizar la "conexión bruja" que ocasionó el fuego.

En esa misma ocasión, la fiscal aseguró que las averiguaciones están prácticamente listas, luego de que declararon ante su despacho 21 de los sobrevivientes, los representantes legales de la empresa que vendió el bus, de la que fabricó el compresor, y del Banco Nacional de Panamá (BNP), que financió la compra del bus.

NEGLIGENCIA

Según Moore, el arreglo mecánico realizado al compresor de aire acondicionado demostró que tanto el propietario como el conductor y el mecánico del bus incurrieron en un acto de negligencia.

Días después de sus declaraciones, abogados de los familiares de las víctimas interpusieron una querella en su contra "por haber violado la reserva del expediente al divulgar que existen pruebas contra varios de los implicados, sin concluir la vista fiscal".

Los abogados también pidieron la reconstrucción de los hechos y que se llamara a declarar a otro grupo de personas, entre estas el ex director del BNP Bolívar Pariente, quien, según ellos, otorgó el aval para el financiamiento de los 80 mil dólares con que se compró el vehículo.