MEDIOS DE COMUNICACIÓN. MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL.

El derecho que molesta

La Asamblea Nacional analiza castigar con cárcel la difusión de información obtenida en forma legítima.

La medida limita la libertad de expresión y va a contramano de la mayoría de la legislación mundial.

LA PRENSA/Archivo.

PROTESTA. Periodistas marchan para exigir libertad de prensa, el 20 de junio de 2006.811181

Walter Lippman, quizás el periodista político norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX, dijo: "Una prensa libre no es un privilegio sino una necesidad orgánica en una gran sociedad". Su frase, pronunciada en la década del 30, se perdió en medio de la génesis de la Segunda Guerra Mundial.

En esa época, varios países de Europa -lejos de defender ese concepto- comenzaban una carrera hacia el abismo protegido, en parte, por el silencio impuesto a la prensa libre. En la Unión Soviética, Josef Stalin aplastaba bajo su zapato a los medios de comunicación independientes. Lo mismo hacía en Italia Benito Mussolini. Y su futuro aliado, Adolfo Hitler, tras borrar de un plumazo la libertad de expresión, creaba un pandemónium de muerte y destrucción. Del otro lado, la prensa también se convertía en medio propagandístico del bando aliado.

Pero después de salir del infierno, en 1945 el mundo creó las Naciones Unidas. De su seno, en 1948 emergió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se afirma que todos los individuos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, a ser informados y a difundir informaciones sin limitación de fronteras.

Esa máxima, con el paso de los años, fue adoptada por la mayoría de los países del globo. Pero, a contramano del mundo, en Panamá la Asamblea Nacional discute una modificación al Código Penal que castiga con cárcel la difusión de información obtenida en forma legítima. Eso, para las organizaciones de prensa locales e internacionales, significa un retroceso de la libertad de expresión.

Otra mirada

Pero no solo la prensa ha puesto el grito en el cielo. El abogado Jorge Giannareas, miembro de la Comisión Codificadora, opina que "no debería haber intervención del derecho penal para resolver este tipo de conflicto". "Espero que la Asamblea recapacite".

Para el constitucionalista, la libertad de expresión no es un "monopolio" de los medios de comunicación. Y, en ese sentido, considera que el presidente Martín Torrijos podría vetar la iniciativa si el grueso "de la sociedad" se lo pide.

Pero, por ahora, el Presidente no recogió el guante. "Espero que encuentren una solución", se limitó a señalar ayer el mandatario, que aparte de Jefe de Estado es presidente del PRD, el colectivo que domina el legislativo local.

Por su parte, Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, cree que "hay un poco de subjetividad de ambas partes [diputados y medios]". "La libertad de expresión es un derecho sagrado, al igual que la honra". Márquez destaca, sin embargo, que los funcionarios no deben tener "ningún tipo de privilegio".

Denuncia internacional

La aprobación de los cambios -que ahora discuten en segundo debate los diputados- podría generar una denuncia contra Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Si los cambios prosperan, se puede denunciar al Estado panameño ante la Comisión", asegura Giannareas.

Antecedentes sobran: en enero de 1999 el periodista argentino Horacio Verbitsky presentó una denuncia contra Argentina por violaciones reiteradas a la libertad de expresión. Por esa acusación, el Congreso argentino tuvo que despenalizar la difusión de informaciones, juicios de valor o expresiones humorísticas.

(Vea Polémica posición del Colegio de Abogados)