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Reportaje especial
Panamá, viernes 23 de febrero de 2007
 

COOPERACIÓN ENTRE BANDAS.

Crece la industria del secuestro

El rapto de personas se ha convertido en una verdadera empresa ‘transnacional’ en América Latina.

BOGOTÁ, Colombia/EFE

El secuestro en Latinoamérica, que ocupa el primer lugar en el mundo con el 75% de los plagios, se ha convertido en una transnacional que opera principalmente con fines económicos, aunque los casos más conocidos son los raptos políticos.

La cooperación entre sectores radicales, grupos guerrilleros y bandas de delincuencia común toma cada vez mayor fuerza en los secuestros políticos, producto de la lenta, pero inevitable integración regional.

Las cada vez más difusas fronteras han permitido a los secuestradores estrechar relaciones con sus pares de los países vecinos e incluso hablar hoy del "trasteo" de rehenes, como el que insinúa el Gobierno colombiano se hizo con Ingrid Betancourt, quien cumple hoy cinco años en poder de las FARC.

Colombia, hasta hace poco el país con el mayor número de raptos del mundo, es el que más se queja de la existencia de esa red transnacional y acusa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de "exportar" sus técnicas a la región y de usar las zonas selváticas de frontera para llevar a los plagiados a otros países.

La cooperación de los rebeldes colombianos se evidenció en 2005, cuando el Gobierno paraguayo responsabilizó a las FARC de asesorar a militantes del sector radical del Partido Patria Libre (PPL) para que secuestraran en septiembre de 2004 a la hija mayor del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau (1998-1999).

El cadáver de Cecilia Cubas fue encontrado cinco meses después en una fosa cavada en una vivienda de las afueras de Asunción y luego de que su familia pagó 300 mil dólares.

La organización responsable de ese rapto también es acusada de sonados secuestros, como el de la nuera del ex ministro de Hacienda Enzo Debernardi en el 2002.

En la década de 1970, el secuestro era una práctica común de los grupos rebeldes para reclamar reivindicaciones sociales, pero hoy ese delito ha cobrado vigencia por los raptos de empresarios a cambio de recompensas económicas.



 
 
 
 
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