Lo atropellado del debate de las reformas del Código Penal genera sorpresas desagradables. Mientras la polémica pública se centraba en los artículos contra la libertad de expresión, los honorables aprovecharon para hacer uno de sus típicos cambios entre el primer debate y el segundo, y reducir drásticamente las sanciones por enriquecimiento ilícito a los funcionarios.

En el proyecto aprobado en Comisión, se endurecían de manera sustancial las penas para los que contrataran o aceptaran ser “botellas” en el Estado y para aquellos que se enriquecieran de manera no justificable. La redacción que pasa a tercer debate –sin que los ciudadanos hayan tenido acceso transparente al articulado– es terriblemente permisiva con los corruptos.

Por tanto, lo único que podemos pensar es que los diputados están cubriéndose las espaldas, cuidando el negociado clásico que activan muchos de los que llegan por los votos a puestos de gobierno. Es vergonzoso y, desde luego, no da la imagen de un país de primer mundo que tanto se empeñan algunos en proyectar.