| MENDICIDAD.
Ni panameña ni costarricense
Ekhart Peters S.
Tomo estas palabras del contexto de una publicación periodística, que refleja el pensamiento y la identidad de un conglomerado de hombres y mujeres que habitan a lo largo de la línea fronteriza que une a Costa Rica con Panamá. Estos compatriotas de ambos lados viven una realidad de pobreza y migraciones, de las cuales ya, dichosamente, estamos informados y trabajando en busca de soluciones duraderas. Son asuntos que se están tratando con la mayor seriedad en el contexto de las excelentes relaciones bilaterales existentes entre Costa Rica y Panamá.
Como es sabido, Costa Rica es un país receptor de migraciones laborales provenientes de Nicaragua y de ambos lados de la zona fronteriza de Costa Rica y Panamá. Son oleadas de trabajadores, especialmente dedicados al apoyo del sector agrícola extensivo costarricense, como la recolección del café, la zafra, la corta del banano, la recolección de melones, cítricos, piñas y otros.
En los últimos días, tanto en la prensa panameña como en la costarricense, hemos advertido una amplia cobertura del problema de las limosneras de la etnia ngöbe buglé apostadas en las aceras de sitos públicos de San José y algunas otras ciudades de provincia; hecho denunciado por el diario Extra y por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas de Costa Rica ( Conai ).
Prácticamente ningún país del mundo se escapa del flagelo de la indigencia que es generado por situaciones de aguda pobreza. En Costa Rica, ciertamente tenemos la propia; pero el caso de las indígenas, tal vez por su indumentaria, ha sido más llamativo o por ser en su totalidad mujeres que en muchos casos cargan niños de corta edad. La escena triste y pintoresca ha llamado la atención de los medios de comunicación y de las autoridades nacionales, quienes ven con suma preocupación su presencia en las calles.
Costa Rica necesita de las migraciones laborales agrícolas, pero a la vez brinda trabajo y posibilidades de sustento a grupos vulnerables que traspasan sus fronteras. Por norma constitucional a los trabajadores agrícolas temporales, no importando su nacionalidad o etnia y aunque no coticen a los sistemas de salud, se les brinda todos los servicios de atención médica y hospitalaria, condiciones adecuadas de vivienda y otros servicios básicos. Estos trabajadores temporales llegan cada año a las zonas agrícolas y luego de cortas temporadas de cosecha, regresan a sus comunidades, ya sean nacionales o extranjeras.
La presencia de estas mujeres (guaymíes, como las llamamos en Costa Rica ) en las calles capitalinas, es reciente y aún no se ha investigado en detalle. Son indudables los esfuerzos que autoridades costarricenses y panameñas del más alto nivel hacen para regular los movimientos migratorios, y sobre este importante tema, como muestra, basta con ver la última declaración a nivel presidencial (Torrijos – Pacheco) del 1 de abril del año 2005 que en lo que interesa dice:
"Los Presidentes instruyeron a sus respectivos ministros para que a corto plazo conformen los equipos ejecutivos y técnicos de trabajo, con el propósito de dar continuidad al proceso de regularización y documentación entre ambos países, poniendo especial énfasis en las migraciones con fines laborales".
Nos ha parecido muy oportuno que las autoridades judiciales de Panamá hayan iniciado de oficio un proceso de investigación, para determinar qué hay detrás de esta situación de las mujeres indígenas, mendigas e indigentes en San José, Heredia y Alajuela. Por su lado, muy atinadamente, la Municipalidad josefina, el Patronato Nacional de la Infancia, la Conai y otras autoridades costarricenses realizan investigaciones y entrevistan a estas mujeres, para determinar la causa cierta de su rezago y permanencia en las calles de algunas ciudades costarricenses.
La prensa, por su lado, en su función investigativa, coadyuva en los esfuerzos que hacen los gobiernos para esclarecer casos como estos y que son preocupación de ambos países. Hablar, por ahora, de explotación de los indígenas es arriesgado. Con titulares llamativos se tiende a mal interpretar, a dar una idea muy ligera y a generalizar problemas que se pueden focalizar y que son los menos en una relación en la que están involucradas miles de personas que hacen una labor constructiva y mutuamente beneficiosa.
Sí, sin duda alguna hay que investigar y determinar si efectivamente estamos ante la presencia de trata o trasiego internacional de personas con fines lucrativos y si fuera así es de rigor aplicar todo el peso de la ley a los culpables. Como defensora de los derechos humanos, Costa Rica no dudará en denunciar prácticas violatorias o en castigar a quienes en su territorio se permitan abusar de la vulnerabilidad y dignidad de las personas en razón de su etnia, sexo, nacionalidad, religión o condición económica.
El autor es embajador de Costa Rica en Panamá
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